El oficialismo sufrió un nuevo traspié parlamentario en la Cámara de Senadores tras cancelarse la sesión prevista para este jueves 10 de septiembre. La falta de consenso político impidió realizar la reunión de Labor Parlamentaria, frustrando la posibilidad de consensuar un temario de debate común.
El revés legislativo impacta de lleno en la estrategia del bloque de La Libertad Avanza y en las provincias del norte agroindustrial. La iniciativa buscaba resolver la histórica demanda de las provincias azucareras para ampliar la participación de biocombustibles en el mercado energético.
La caída del encuentro parlamentario deja en evidencia las tensiones políticas dentro del esquema de alianzas conducido por la ministra Patricia Bullrich. Al igual que con el esquema del Súper RIGI, la conducción nacional no logró retener respaldos clave de la oposición dialoguista.
Los cambios energéticos y la pugna del sector industrial
La reforma de la normativa actual pretendía elevar la mezcla obligatoria de bioetanol del 12% al 15%, dividida entre caña y maíz. Adicionalmente, el proyecto fijaba un límite máximo del 20% de participación de mercado para evitar la concentración económica de las corporaciones.
Respecto al mercado del biodiésel, la iniciativa contemplaba un incremento gradual en el corte técnico hasta alcanzar el 10%. La discusión más compleja enfrentó a las grandes empresas exportadoras con las pymes productoras por la asignación de cupos.
En respuesta a la disputa comercial, las normativas proponían eliminar el esquema de precios máximos regulatorios actuales. En su reemplazo, las autoridades pretendían adoptar el valor internacional de exportación como referencia directa para el mercado interno.
Frente al bloqueo legislativo, representantes del sector azucarero evaluaron desglosar el proyecto de ley original en dos expedientes separados. Esta alternativa busca destrabar el bioetanol independientemente de las discusiones que involucran al sector de productores de biodiésel.
Traspaso de competencias a CABA y vacantes en la Justicia
Además del eje energético, el temario frustrado incluía la transferencia de competencias penales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El traspaso comprendía delitos contra la propiedad, integridad sexual y el juzgamiento exclusivo de delitos cometidos por menores de edad.
Esta actualización institucional contaba con un renovado aval tras el levantamiento de una medida cautelar promovida por el gremio judicial. No obstante, la medida mantiene una firme resistencia política encabezada por los sectores más duros de la bancada peronista.
Finalmente, la frustrada jornada preveía avanzar en el nombramiento de dos magistrados en el fuero Penal Económico. Los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo, Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway, buscaban completar el esquema de designaciones judiciales de 2026.