El Gobierno privatizó 3900 kilómetros de rutas nacionales

En el marco del proceso de privatización vial, el Ministerio de Economía firmó las concesiones de ocho tramos de rutas nacionales en 11 provincias. Las empresas privadas asumirán desde este miércoles el mantenimiento y cobro de peajes durante 20 años.

Ruta Nacional 7 en Mendoza, integrada al nuevo esquema concesionado. Foto: Gobierno de Mendoza.

El Gobierno firmó este martes las concesiones para la toma de posesión de ocho corredores de rutas nacionales incluidos en la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. Los tramos suman 3920 kilómetros y quedarán bajo gestión de empresas privadas durante 20 años.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien señaló que los corredores conectan ciudades, puertos y pasos fronterizos. También sostuvo que, a partir de este miércoles 7 de octubre, comenzará la toma de posesión de los sectores adjudicados.

La medida forma parte del proceso de privatización de Corredores Viales S.A., autorizado por el Decreto 97/2025 y encuadrado en el régimen de concesión de obra pública por peaje. El esquema contempla que las empresas se ocupen de la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de las rutas.

Los corredores incluidos

El Tramo Centro comprende 682 kilómetros de las rutas nacionales 9, 19 y 34, en Santa Fe y Córdoba. La concesión fue adjudicada a AFEMA S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A., con una tarifa ofertada de $1.399 sin IVA.

El Centro Norte abarca 536 kilómetros de la Ruta Nacional 34, entre Santa Fe y Santiago del Estero. La empresa José Cartellone Construcciones Civiles S.A. presentó la propuesta seleccionada, con una tarifa de $2.175 sin IVA.

En el noroeste, el tramo concesionado reúne 597 kilómetros de las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016. El corredor atraviesa Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, y quedó a cargo de Autovía Construcciones y Servicios S.A., Vapeu S.R.L. y Guigivan S.R.L., por una oferta de $2.285 sin IVA.

El Tramo Litoral suma 547 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 16, en Corrientes y Chaco. JCR S.A. y Néstor Julio Guerechet S.A. resultaron adjudicatarias, con una tarifa de $2.876,04 sin IVA.

El Tramo Noreste incluye 456 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 105, en Corrientes y Misiones. La concesión fue otorgada a Carlos E. Enríquez S.A. y Hormi S.A., que ofertaron $2.950 sin IVA.

Por su parte, el corredor Chaco-Santa Fe comprende 497 kilómetros de la Ruta Nacional 11. La propuesta seleccionada fue la presentada por José Eleuterio Pitón S.A., Rovial S.A. y Obring S.A., por $3.520 sin IVA.

El Tramo Mesopotámico abarca 276 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 18, en Entre Ríos. IEB Construcciones S.A. y Trading MRG S.A.U. obtuvieron la concesión con una oferta de $3.564,99 sin IVA.

Finalmente, el Tramo Cuyo está integrado por 329 kilómetros de la Ruta Nacional 7, en Mendoza. Laugero Construcciones S.A., Green S.A. y Corporación del Sur S.A. presentaron la propuesta elegida, con una tarifa de $3.090,2462 sin IVA.

Qué implica el nuevo esquema

Los contratos permitirán a las empresas concesionarias explotar y administrar los corredores, prestar servicios a los usuarios y desarrollar actividades complementarias que generen ingresos. El régimen también prevé tareas de reparación, ampliación, conservación y mantenimiento.

El proceso se inició después de que la Ley 27.742 declarara a Corredores Viales S.A. sujeta a privatización. Luego, el Decreto 97/2025 autorizó la privatización total de la empresa mediante concesiones de obra pública por peaje y estableció que, una vez adjudicados y perfeccionados los contratos, debía avanzar la disolución y liquidación de la sociedad estatal.

Luis Caputo definió el nuevo modelo como una alternativa basada en “inversión, eficiencia y gestión privada”. El objetivo oficial es reducir la participación directa del Estado en la administración y el financiamiento de la infraestructura vial, mientras los organismos públicos mantienen las funciones de regulación y control.

Las tarifas mencionadas corresponden a las ofertas presentadas durante la licitación y están expresadas sin IVA. Por lo tanto, no permiten establecer por sí solas cuánto pagarán los usuarios en cada estación de peaje ni cuándo se aplicarán esos valores.

Con la firma de los contratos y el inicio de la toma de posesión, la discusión quedará centrada en la ejecución de las obras, el estado de las rutas y la capacidad de control estatal sobre las obligaciones asumidas por las empresas durante las próximas dos décadas.

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