La diputada Virginia Gallardo presentó un proyecto multipartidario para endurecer las penas por delitos contra la integridad sexual. La iniciativa extiende la prescripción de causas hasta 15 años y aumenta considerablemente las condenas en todas las tipificaciones de abuso.
La Cámara de Diputados se prepara para debatir un contundente retoque al Código Penal argentino. Impulsada por la legisladora correntina Virginia Gallardo, la iniciativa oficialista busca aplicar un fuerte incremento en las escalas de prisión para quienes cometan agresiones contra la integridad sexual, al tiempo que estira los márgenes temporales para que estas causas no expiren sin sentencia. La propuesta ingresó al Congreso con un respaldo político diverso y ya tiene luz verde para su discusión prioritaria en la Comisión de Legislación Penal, encabezada por la cordobesa Laura Rodríguez Machado.
El eje central de la reforma apunta a alargar la prescripción de las causas, fijando un techo de hasta 15 años para que la Justicia pueda perseguir penalmente a los agresores, superando el límite de 12 que rige en la actualidad. Asimismo, el borrador endurece las sanciones en todo el abanico de agresiones: la figura simple ascenderá a un rango de 1 a 6 años de cárcel cuando la víctima no alcance los 13 años de edad; el sometimiento gravemente ultrajante se castigará con 4 a 12 años de prisión; y en aquellos expedientes donde se compruebe acceso carnal o violación, la escala punitiva trepará de 6 a 20 años de reclusión, alcanzando un máximo de 22 años si concurren agravantes de extrema gravedad.
Un capítulo novedoso de la normativa se enfoca en las relaciones complejas donde intervienen menores de entre 13 y 16 años. En los escenarios en que se acredite un vínculo asimétrico de poder, jerarquía o madurez, las condenas actuales de 3 a 6 años quedarán obsoletas, pasando a un esquema mucho más severo de 6 a 10 años de pena efectiva. Del mismo modo, el proyecto agrava el castigo (de 3 a 10 años de prisión) en aquellos ataques ejecutados por familiares, tutores, autoridades educativas o personal de las fuerzas de seguridad, penalizando el abuso de confianza y la posición de autoridad.
Más allá del impulso de La Libertad Avanza a través de firmas como las de Giselle Castelnuovo, Johanna Longo, Gladys Humenuk y Gabriela Flores, el texto consiguió un ágil consenso multipartidario en el recinto. Entre las firmantes destacan la radical Pamela Verasay, Carolina Basualdo (Provincias Unidas), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo) y la tucumana Gladys Medina. Al fundamentar el proyecto, Gallardo remarcó la importancia de equiparar los castigos con el daño real sufrido por las víctimas, subrayando la urgencia de evitar que las demoras de los tribunales se transformen en un pase libre a la impunidad para los agresores.
El Ministerio de Economía habilitó a dos consorcios para disputar la privatización del 90% de las acciones de AySA. Este jueves se abrirán las ofertas económicas para definir al nuevo operador privado que manejará el servicio de agua.
El Ministerio de Seguridad Nacional creó un Comando Unificado Federal para mudar a los presos del penal porteño a Marcos Paz. El traslado será gradual y coincide con los preparativos de la visita de León XIV que pasará por Devoto el 11 de noviembre.
La diputada Virginia Gallardo presentó un proyecto multipartidario para endurecer las penas por delitos contra la integridad sexual. La iniciativa extiende la prescripción de causas hasta 15 años y aumenta considerablemente las condenas en todas las tipificaciones de abuso.
La Legislatura levantó por unanimidad la prohibición en plena crisis yerbatera. Los productores cobran la mitad de lo que cuesta producir. Los científicos advierten que nadie midió qué pasa en las chacras ni en la yerba. Y el organismo que controlaba la calidad pierde poder.
Liberaron al conductor imputado por la muerte de un bebé de diez días tras un trágico choque múltiple en Punta Lara. La Fiscalía de La Plata investiga el caso como homicidio culposo, mientras la madre despidió con dolor al recién nacido.
El Gobierno oficializó la salida de Juan Martín Ozores del Enacom y nombró como interventor al ingeniero Andrés Michelazzo. La medida busca modernizar la gestión del espectro radioeléctrico, optimizar el organismo y acelerar la conectividad a nivel nacional.
Candidatos de la derecha derrotados en la primera vuelta de Brasil se declararon neutrales hacia el balotaje. Aunque no apoyaron explícitamente a Flávio Bolsonaro, sus nueve millones de votos y los 33 millones de abstenciones serán decisivos.
Esteban Bullrich propuso un acuerdo nacional a 10 años para revertir los malos resultados educativos. El exsenador pidió priorizar la alfabetización, jerarquizar la tarea docente y erradicar la confrontación para garantizar políticas de Estado duraderas.
