El Ministerio de Economía habilitó a dos consorcios para disputar la privatización del 90% de las acciones de AySA. Este jueves se abrirán las ofertas económicas para definir al nuevo operador privado que manejará el servicio de agua.
El Ministerio de Economía habilitó a dos consorcios para disputar la privatización del 90% de las acciones de AySA. Este jueves se abrirán las ofertas económicas para definir al nuevo operador privado que manejará el servicio de agua.
La transferencia al sector privado de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) entró en su cuenta regresiva definitiva. El Ministerio de Economía le dio luz verde al dictamen de preselección técnica mediante la Resolución 1722/2026, firmada por el ministro Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial. Con este aval normativo, el Gobierno confirmó que dos potentes conglomerados empresarios superaron los filtros del pliego y quedaron habilitados para disputar la venta del 90% del paquete accionario que está en manos de la administración central. La expectativa se traslada ahora al jueves 8 de octubre a las 10 de la mañana, momento en que se destaparán las propuestas financieras a través del sistema digital CONTRAT.AR.
Este proceso de licitación pública internacional busca desprenderse de la totalidad de las participaciones estatales sin establecer un valor base de remate, entregando la operación integral del servicio de agua potable y cloacas a un único jugador estratégico. Las carpetas técnicas de los interesados se habían recibido a mediados de septiembre y, tras una exhaustiva revisión por parte de la Comisión de Evaluación —donde se corrigieron inconsistencias formales menores sin objeciones ni impugnaciones de los competidores—, el expediente quedó impecable para encarar el tramo final de la adjudicación.
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La puja por el control de la distribuidora de agua más importante del país se redujo a dos frentes corporativos de peso regional. Por un lado, aparece la alianza internacional conformada por Rowing S.A., la firma brasileña Arcos Saneamento e Participacoes S.A., PHX AQUA AR BV y la química Transclor S.A.. Por el otro lado, hace pie un histórico de la obra pública local con el grupo encabezado por Benito Roggio e Hijos S.A., junto a Roggio Roas S.A.U., Hidrosan Capital S.A.U., Aguas del Plata Participaciones S.A. y Central Buen Ayre S.A., conformando un bloque con fuerte rodaje en servicios públicos.
La hoja de ruta para la salida del Estado nacional de la operadora hídrica se cimentó tras la aprobación de la Ley Bases (Ley 27.742), texto legislativo que declaró a la compañía pública como un activo pasible de enajenación. A partir de esa habilitación del Congreso, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas recomendó desprenderse del 100% de la cuota estatal. Esto derivó en la firma del Decreto 494/2025, que fijó la obligatoriedad de transferir al menos la mitad más uno de los títulos a un operador del rubro, dejando abierta la chance de colocar cualquier sobrante accionario en la Bolsa de Comercio y en los mercados bursátiles.
A lo largo del trayecto licitatorio, iniciado formalmente en el segundo semestre del año pasado y con pliegos aprobados a mediados de mayo, la Secretaría de Obras Públicas fue emitiendo una decena de especificaciones operativas para despejar dudas de los inversores. Incluso, en agosto se resolvió modificar el cronograma mediante una circular aclaratoria para dar mayor plazo a las ofertas, garantizando la transparencia administrativa de una operación comercial de volumen multimillonario para las arcas públicas.
Para asegurar la validez jurídica y el alcance internacional del trámite, la resolución ministerial ordenó la notificación oficial a las firmas en sus casilleros electrónicos registrados y dispuso la difusión del acta durante un día hábil en portales clave. La medida se publicará en los sitios institucionales del Ministerio de Economía, en la página de AySA, en la plataforma estatal de contrataciones y en DGMARKET, la prestigiosa base de licitaciones del Banco Mundial. Todo está dado para que este jueves se conozca quién se quedará con la llave de la red hídrica del Área Metropolitana de Buenos Aires.
El Ministerio de Economía habilitó a dos consorcios para disputar la privatización del 90% de las acciones de AySA. Este jueves se abrirán las ofertas económicas para definir al nuevo operador privado que manejará el servicio de agua.
El Ministerio de Seguridad Nacional creó un Comando Unificado Federal para mudar a los presos del penal porteño a Marcos Paz. El traslado será gradual y coincide con los preparativos de la visita de León XIV que pasará por Devoto el 11 de noviembre.
La diputada Virginia Gallardo presentó un proyecto multipartidario para endurecer las penas por delitos contra la integridad sexual. La iniciativa extiende la prescripción de causas hasta 15 años y aumenta considerablemente las condenas en todas las tipificaciones de abuso.
La Legislatura levantó por unanimidad la prohibición en plena crisis yerbatera. Los productores cobran la mitad de lo que cuesta producir. Los científicos advierten que nadie midió qué pasa en las chacras ni en la yerba. Y el organismo que controlaba la calidad pierde poder.
Liberaron al conductor imputado por la muerte de un bebé de diez días tras un trágico choque múltiple en Punta Lara. La Fiscalía de La Plata investiga el caso como homicidio culposo, mientras la madre despidió con dolor al recién nacido.
El Gobierno oficializó la salida de Juan Martín Ozores del Enacom y nombró como interventor al ingeniero Andrés Michelazzo. La medida busca modernizar la gestión del espectro radioeléctrico, optimizar el organismo y acelerar la conectividad a nivel nacional.
Candidatos de la derecha derrotados en la primera vuelta de Brasil se declararon neutrales hacia el balotaje. Aunque no apoyaron explícitamente a Flávio Bolsonaro, sus nueve millones de votos y los 33 millones de abstenciones serán decisivos.
Esteban Bullrich propuso un acuerdo nacional a 10 años para revertir los malos resultados educativos. El exsenador pidió priorizar la alfabetización, jerarquizar la tarea docente y erradicar la confrontación para garantizar políticas de Estado duraderas.
