Comunidades wichí y ambientalistas denuncian la destrucción del monte nativo, en medio del impulso de una reforma legal gubernamental que facilitará aún más la deforestación.
Comunidades wichí y ambientalistas denuncian la destrucción del monte nativo, en medio del impulso de una reforma legal gubernamental que facilitará aún más la deforestación.
Las topadoras arrasaron con 1.300 hectáreas de monte nativo cerca de Tartagal, Salta, en apenas dos meses. Esta destrucción expone la vulnerabilidad de los ecosistemas del norte argentino en un contexto político crítico: el impulso del gobierno para flexibilizar la Ley de Bosques.
Lejos de proteger el medio ambiente, las organizaciones advierten que esta nueva normativa resulta contraproducente, ya que funciona como un habilitador legal para la deforestación descontrolada, profundizando el daño sobre las comunidades y sepultando el compromiso de Deforestación Cero para 2030.
El avance sobre la vegetación fue detectado mediante imágenes satelitales tomadas entre julio y septiembre en áreas habitadas por comunidades wichí, en las cercanías de la ruta nacional 86. Ante la pérdida del bosque, Greenpeace, la Fundación Asociana y representantes legales indígenas solicitaron explicaciones formales para determinar quién autorizó el ingreso de las máquinas. Sin embargo, la Secretaría de Ambiente de la administración provincial de Gustavo Sáenz mantiene un estricto silencio frente a los reclamos.
Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace, catalogó el hecho como un ecocidio y señaló la complicidad del Estado provincial. La organización calcula que en los últimos dos meses se desmontaron más de 3.300 hectáreas en tres fincas cercanas a Tartagal: una en la zona de Tonono (a nombre de Martín Morales), otra en Alcoba (perteneciente a Desdelsur SA, de las familias Macera y Blaquier) y la tercera en Caraguatá (Estancia Tres Lagunas SA).
El daño ambiental golpea directamente el patrimonio cultural y la subsistencia de los pueblos originarios. Basilia Pérez, referente wichí, documentó mediante registros audiovisuales cómo el cadeneo de las máquinas destruyó panales, nidos y plantas de chaguar, un recurso indispensable para los tejidos que forman parte de la identidad de su pueblo. A esto se suma el avance sobre tierras sagradas: en Pozo Nuevo, las topadoras abrieron picadas contiguas a las viviendas, poniendo en riesgo de destrucción y aislamiento a los cementerios indígenas.
La crisis territorial se agrava por la falta de recursos básicos y la amenaza sanitaria. En localidades como Arenales, los pobladores deben recorrer hasta 40 kilómetros para conseguir agua potable. Esta necesidad extrema lleva a algunas comunidades a tolerar el avance del desmonte a cambio de la perforación de pozos, viéndose obligados a transportar el agua en bidones que previamente contuvieron agrotóxicos. A la par, los habitantes denuncian el impacto inminente de las fumigaciones agrícolas sobre las tierras recién despejadas.
Con la reciente derogación de la Ley de Tierras Rurales avalada por la Justicia, los proyectos para flexibilizar la Ley de Bosques consolidan un marco jurídico que desprotege la naturaleza. Ante este escenario, organizaciones civiles lanzaron la plataforma de monitoreo “República de los siete bosques” para articular la participación ciudadana, exigiendo que se mantenga y aplique la normativa de forma estricta, con penalizaciones penales reales para frenar a las topadoras.
Miles de mujeres y disidencias llegan este sábado a Córdoba para el 39° Encuentro Plurinacional. La organización quedó atravesada por el femicidio de Agostina, una adolescente de 14 años, y pone en la mira a una Justicia que, denuncian, llega tarde o nunca llega.
Comunidades wichí y ambientalistas denuncian la destrucción del monte nativo, en medio del impulso de una reforma legal gubernamental que facilitará aún más la deforestación.
El candidato de Ahora Nación ganó por estrecho margen en este distrito de Huánuco. Su caso refleja un curioso fenómeno demográfico: en Perú más de 3.900 personas están registradas oficialmente con el nombre del líder nazi.
Legisladores nacionales de Unión por la Patria enviaron una carta formal a los presidentes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay solicitando medidas concretas para impedir que la infraestructura de dichos países facilite la exploración y explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
Mientras el músico continúa internado en una clínica psiquiátrica, sus abogados cuestionaron el informe oficial que lo declara apto para ser juzgado. Los jueces deberán resolver si el proceso sigue adelante.
Pensando en la semifinal de la Sudamericana frente a Vasco da Gama, Arruabarrena rotará el equipo este viernes en Córdoba. Leandro Paredes iría al banco y vuelve Álvaro Montero al arco.
Lo hizo en el marco de una causa ambiental vinculada con CECIM. La decisión fue firmada por los ministros Rosatti y Lorenzetti, junto con los conjueces Barroetaveña y Pérez Curci. Rosenkrantz firmó en disidencia.
El Supremo Tribunal de Brasil ordenó la detención de Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial Flavio Bolsonaro, a semanas del balotaje contra Lula. Radicado en EE. UU., fue condenado a cuatro años por presionar por sanciones contra su país.
