La Corte suspendió provisoriamente los efectos del artículo del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras. La oposición mantiene la convocatoria del 15 de octubre, aunque todavía no reúne los 129 diputados necesarios para abrir el debate.
La Corte suspendió provisoriamente los efectos del artículo del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras. La oposición mantiene la convocatoria del 15 de octubre, aunque todavía no reúne los 129 diputados necesarios para abrir el debate.
La oposición ratificó la sesión especial prevista para el jueves 15 de octubre en la Cámara de Diputados, donde buscará rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Sin embargo, el fallo interino de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras complicó una negociación que ya no tenía asegurado el quórum.
La medida judicial suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 del decreto, que había derogado la Ley 26.737. La Corte Suprema no resolvió si esa derogación era constitucional ni cerró el expediente: devolvió la causa a la Justicia de Bariloche para que examine la legitimación de quienes presentaron el planteo y su pedido cautelar.
El fallo respondió a una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie, comunidades indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. La decisión, adoptada por mayoría con la participación de dos conjueces, dejó en suspenso la aplicación del artículo hasta que avance el análisis judicial.
Para abrir la sesión se necesitan 129 diputados presentes. La oposición no tenía garantizada esa cifra antes del fallo y ahora algunos legisladores consideran más difícil sumar a representantes de bloques provinciales y dialoguistas. La decisión de asistir dependerá de negociaciones que continúan abiertas; por eso, el resultado no puede darse por definido.
Unión por la Patria confirmó que mantendrá la convocatoria y sostuvo que el debate también debe abordar la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de las familias. Pablo Juliano, de Provincias Unidas, afirmó que la cautelar no debería reemplazar la discusión parlamentaria y pidió que la Cámara trate el DNU.
La convocatoria reunió a sectores de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y parte de Provincias Unidas, entre otros legisladores. El objetivo central es rechazar el decreto completo, no solo el artículo referido a las tierras rurales.
Ese alcance alimenta las dudas de algunos posibles aliados. Diputados cercanos al Gobierno advirtieron que la caída integral del DNU podría generar incertidumbre sobre otras normas modificadas por el decreto.
La Ley 26.737 regulaba la titularidad extranjera de tierras rurales. Fijaba un límite del 15% en el país y también en cada provincia y municipio; dentro de ese porcentaje, quienes fueran de una misma nacionalidad no podían superar el 30%. Además, establecía un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo, o una superficie equivalente según la ubicación.
Además, la norma también restringía la adquisición de tierras con cuerpos de agua permanentes y de inmuebles situados en zonas de seguridad de frontera. No prohibía toda compra por parte de extranjeros: establecía topes y restricciones específicas.
La disputa judicial tuvo dos momentos. En una causa anterior, la Corte revocó una cautelar vinculada con el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata porque consideró que la organización no tenía legitimación suficiente. Ese fallo no definió la constitucionalidad del artículo 154. Después, en otro expediente, la Corte Suprema suspendió interinamente sus efectos mientras la Justicia de Bariloche analiza un planteo distinto.
En paralelo, La Libertad Avanza convocó a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El oficialismo busca discutir allí una propuesta sobre tierras, que aún no tiene definidos los alcances.
La inclusión de ese tema apunta a separar la discusión sobre tierras del eventual rechazo del DNU. El capítulo sobre extranjerización de tierras había sido retirado de una versión anterior del proyecto durante su tratamiento en el Senado, ante la falta de respaldo suficiente.
La oposición mantiene su convocatoria mientras el Gobierno procura trasladar parte de la discusión a su propia agenda legislativa. La cautelar modificó el escenario inmediato, pero no resolvió el conflicto de fondo ni las negociaciones parlamentarias: el 15 de octubre permitirá medir si los bloques logran reunir quórum y qué temas llegan efectivamente al recinto.
Tras la decisión de la Corte Suprema de suspender la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el DNU 70/2023, el magistrado Ricardo Lorenzetti justificó el fallo en A24 bajo argumentos ambientales y criticó la pasividad del Congreso.
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