El máximo tribunal del país desestimó un recurso extraordinario presentado por la defensa, que buscaba anular las primeras actuaciones del caso por presuntas irregularidades. El fallo definitivo ratifica el accionar de la fiscalía y la Justicia de garantías.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó de forma unánime un planteo impulsado por los rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, quienes cuestionaban la legalidad de las primeras actuaciones judiciales en el inicio de la causa. Con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó el recurso extraordinario de queja interpuesto por la representación técnica de los jóvenes, clausurando definitivamente esta vía judicial paralela.
La resolución de la Corte, fechada este 14 de octubre de 2026, denegó la presentación al considerar que el escrito “no cumple con el requisito de fundamentación autónoma ni refuta todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia apelada”. De esta manera, quedó firme el fallo que avalaba el procedimiento inicial y se intimó a la parte recurrente a efectuar el depósito correspondiente o presentar el beneficio de litigar sin gastos en un plazo de cinco días.
La denuncia de la defensa contra los funcionarios
El planteo judicial, motorizado originalmente por el abogado defensor Hugo Tomei, buscaba que los ocho jóvenes procesados fueran reconocidos en calidad de particulares damnificados (“víctimas”) por supuestas anomalías durante sus indagatorias. Según la estrategia de la defensa, los imputados no habrían conocido las pruebas de cargo ni la imputación exacta al momento de prestar su primera declaración el 19 de enero de 2020, apenas un día después del crimen.
En el escrito elevado ante la Justicia, los condenados sostuvieron que fueron obligados a firmar actas del expediente sin el debido asesoramiento legal. A raíz de esta situación, radicaron una grave denuncia penal por falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad.
La acusación apuntó directamente contra la fiscal del caso, Verónica Zamboni, la defensora pública Verónica Olindi Huespi, diversos funcionarios del Ministerio Público Fiscal (MPF) y el juez de Garantías de Dolores, David Mancinelli.
El largo derrotero de las apelaciones desestimadas
La denuncia penal impulsada por los rugbiers fue rechazada desde un inicio. La Justicia de primera instancia desestimó la acusación por ausencia de dolo en el accionar de los funcionarios y denegó la posibilidad de tomarles declaración testimonial en calidad de víctimas.
Frente a este revés, la defensa solicitó la inconstitucionalidad del procedimiento y recusó al juez Mancinelli, peticiones que fueron sistemáticamente rechazadas tanto por el propio juzgado de garantías como por el Tribunal de Casación Penal bonaerense. Posteriormente, en agosto de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó el recurso de queja y, en abril de 2026, denegó el recurso extraordinario, lo que derivó en la reciente y definitiva intervención de la Corte Suprema nacional.
El estado actual de las condenas
El crimen de Fernando Báez Sosa ocurrió en la madrugada del 18 de enero de 2020 frente a la discoteca Le Brique, en Villa Gesell. El joven fue emboscado, atacado por la espalda y recibió una golpiza brutal y letal a manos del grupo de agresores tras un altercado en el interior del boliche.
En febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores emitió el fallo condenatorio. Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron sentenciados a prisión perpetua como coautores del homicidio. Por su parte, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de cárcel tras ser considerados partícipes secundarios del asesinato que conmocionó al país.
El Presidente realiza su quinta visita del año al país norteamericano. Recibirá galardones por su liderazgo económico, se reunirá con un magnate petrolero con intereses en Vaca Muerta y coincidirá con Eduardo Bolsonaro en la antesala del balotaje en Brasil.
La central hidroeléctrica espera caudales de hasta 39.000 m³/s, casi el triple del promedio histórico, impulsados por el fenómeno de El Niño. Ya hay decenas de evacuados y se cerró de manera preventiva el paso fronterizo en Ituzaingó.
En la víspera de una nueva marcha federal, la Justicia le impuso una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir la cautelar que obliga a actualizar salarios y becas universitarias.
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El máximo tribunal del país desestimó un recurso extraordinario presentado por la defensa, que buscaba anular las primeras actuaciones del caso por presuntas irregularidades. El fallo definitivo ratifica el accionar de la fiscalía y la Justicia de garantías.
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