En la víspera de una nueva marcha federal, la Justicia le impuso una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir la cautelar que obliga a actualizar salarios y becas universitarias.
En la víspera de una nueva marcha federal, la Justicia le impuso una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir la cautelar que obliga a actualizar salarios y becas universitarias.
El juez federal en lo Contencioso Administrativo, Martín Cormick, impuso este miércoles multas diarias de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución alcanza al funcionario en su carácter de titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
La sanción judicial, conocida como astreinte, busca presionar el cumplimiento de una obligación. En este caso, la orden exige recomponer y actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, además de garantizar los fondos destinados a becas estudiantiles.
“En concordancia con lo proveído en el marco de la causa principal, atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30/9/2026”, señaló Cormick en la resolución, según consignaron los medios que accedieron al fallo.
La medida cautelar fue dictada en diciembre de 2025 por el propio Cormick. Luego fue convalidada por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo y quedó firme el 25 de junio de 2026, cuando la Corte Suprema rechazó los planteos del Poder Ejecutivo.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a rectores de universidades públicas, fue quien solicitó la aplicación de las multas. El organismo sostuvo que el Gobierno no había acreditado el cumplimiento pleno de la orden judicial, pese a las intimaciones previas.
Cormick había fijado un primer plazo de cinco días para que el Estado cumpliera. Tras una prórroga por otro período igual, el magistrado consideró verificada la falta de cumplimiento y dispuso la sanción económica.
La multa inicial es de $100.000 por cada día de demora. El juez aclaró que, en etapas posteriores, podrá modificar tanto el monto como los funcionarios alcanzados por la medida.
La discusión se centra en la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025 e insistida tras el veto del presidente Javier Milei. La norma prevé la recomposición salarial del personal universitario y la actualización mensual de las remuneraciones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Según el cálculo citado en el expediente, la actualización representa un incremento de 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025. En cambio, el sistema universitario había estimado una recomposición cercana al 33%; ambas cifras corresponden a cálculos distintos y no deben presentarse como un único dato oficial.
El Gobierno había sostenido que cumplía con la medida y argumentó que el Congreso debía especificar de qué partidas surgirían los recursos para afrontar el mayor gasto. Cormick, sin embargo, consideró que no se había acreditado el cumplimiento total de las obligaciones establecidas por la ley.
En paralelo, el juez había declarado inconstitucional el tramo del Decreto 759/2025 mediante el cual el Ejecutivo condicionó la aplicación de la ley a la definición de recursos presupuestarios. Esa decisión fue apelada por la Casa Rosada y el magistrado concedió el recurso, por lo que quedó suspendida.
La resolución judicial se conoció un día antes de la Quinta Marcha Universitaria Federal, convocada para este jueves a las 13 hs frente al Congreso. La movilización se enmarca en un conflicto universitario que incluye reclamos salariales, demandas por becas y críticas al recorte de financiamiento.
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Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, valoró la decisión judicial. “No solo es importante que haya fijado una multa diaria, sino que lo haya hecho responsabilizando a una autoridad concreta y no al Estado en abstracto”, afirmó.
La multa no resuelve por sí sola el conflicto de fondo, pero aumenta la presión sobre el Gobierno para cumplir una orden judicial firme. Queda pendiente saber si la administración nacional ajustará su posición, apelará la sanción o acreditará el cumplimiento exigido por la Justicia.
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