El abogado argentino solicitó al regulador estadounidense que investigue presuntos pagos indebidos y fallas de control en las transacciones con derivados del metal. La denuncia se basa en un informe de la AGN que advirtió una salida de divisas superior a los 1.000 millones de dólares.
El abogado argentino Gregorio Dalbón presentó formalmente un reporte ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) con el objetivo de que el organismo evalúe si tiene jurisdicción para intervenir e investigar a fondo las operaciones de derivados vinculadas al oro que realizó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante el ejercicio 2025. El escrito legal toma como principal punto de partida y sustento documental el reciente informe emitido por la Auditoría General de la Nación (AGN), en el cual los auditores registraron una pérdida financiera equivalente a USD 1.023 millones, la cual debió ser liquidada con una salida directa de divisas de las arcas nacionales.
La presentación fue ingresada en la ciudad de Washington bajo el mecanismo estadounidense denominado Tip, Complaint or Referral (TCR), una herramienta diseñada específicamente para aportar información sensible a la autoridad reguladora. Dalbón aclaró desde un primer momento que no busca una recompensa económica como denunciante, sino que su planteo se apoya de manera exclusiva en documentación de carácter público, reportes periodísticos y el avance de actuaciones judiciales en el ámbito local. En su petición, el letrado solicita que la SEC analice los registros y controles internos de las instituciones financieras intervinientes para determinar con exactitud si existieron pagos ilegales, comisiones ocultas u honorarios canalizados hacia funcionarios extranjeros, ya sea de forma directa o a través del uso de intermediarios.
Uno de los ejes más sensibles del reporte presentado es la posible participación del Deutsche Bank AG como la principal contraparte de estas millonarias transacciones. Aunque el BCRA nunca confirmó de manera oficial quiénes intervinieron en la operatoria, diversas fuentes del mercado y medios especializados señalaron a la entidad alemana. En este contexto, Dalbón puso la lupa sobre el accionar de las máximas autoridades económicas del país: el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo. “Ambos trabajaron en el Deutsche Bank. Ese antecedente vuelve indispensable aclarar quiénes fueron las contrapartes, qué costos y comisiones hubo y quiénes recibieron los pagos”, fundamentó el abogado en su escrito. Asimismo, recordó que la SEC ya había sancionado al banco europeo en el año 2021 por deficiencias en sus controles internos y libros contables vinculadas a pagos irregulares en el extranjero, aunque aclaró que dicho antecedente no demuestra per se un delito en el caso argentino actual.
Desde el punto de vista técnico y contable, la denuncia se apoya férreamente en el balance del BCRA al 31 de diciembre de 2025 auditado por la AGN. El organismo de control incorporó un revelador “párrafo de énfasis” advirtiendo sobre un resultado negativo en opciones de ARS 1,469 billones (unos USD 960,2 millones), cifra que contrasta fuertemente con el pago de primas registrado por apenas ARS 68.362 millones (USD 62,8 millones). El documento presentado en Estados Unidos señala expresamente que “el resultado negativo equivale a cerca de quince veces las primas pagadas”. Según el planteo, una pérdida de esa magnitud sugiere la utilización de estructuras financieras complejas y de alto riesgo, como podría ser un zero-cost collar (compra de opciones de venta financiada mediante la venta de opciones de compra), una maniobra que pone un piso ante caídas pero limita fuertemente las ganancias, y cuya estructura completa no fue detallada por la entidad rectora.
Ante la ola de críticas, el Banco Central esgrimió una defensa pública basada en la apreciación internacional del metal precioso. La entidad argumentó que el alza global del oro produjo una revaluación de la tenencia que dejó un resultado neto positivo de USD 2.505 millones. Sin embargo, la presentación ante la SEC objeta frontalmente este argumento institucional: sostiene que la gestión oficial confunde de manera deliberada una ganancia de valuación patrimonial con el pago efectivo y real de divisas desde las reservas líquidas utilizadas para cubrir los derivados.
A la controversia estrictamente financiera se suma la profunda opacidad gubernamental en torno a la ubicación física y los contratos respaldatorios de las 61,7 toneladas de oro que posee la Argentina. Durante 2024, el Gobierno trasladó parte de los lingotes desde las bóvedas locales hacia el Banco de Pagos Internacionales (BIS) en Suiza y, presuntamente, a bóvedas del Banco de Inglaterra. La AGN denunció haber enfrentado severas restricciones operativas para acceder a los acuerdos comerciales subyacentes, lo que alimenta fuertemente las sospechas sobre la posibilidad de que el oro haya sido entregado como garantía colateral, un extremo que solo podrá verificarse exhibiendo las confirmaciones de las transacciones originales.
Mientras la SEC evalúa los alcances de su competencia y decide si avanza con una revisión propia o deriva el expediente a otra autoridad estadounidense, la polémica ya desembarcó con fuerza en los tribunales federales argentinos. Impulsado por las conclusiones del informe de la AGN, el fiscal federal Carlos Pollicita ya solicitó una extensa batería de medidas de prueba al juez Ariel Lijo para investigar a fondo las eventuales responsabilidades penales de las autoridades económicas en la administración de las reservas nacionales.
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