En el marco del debate por la ley de modernización laboral en el Congreso, una disposición técnica ha encendido las alarmas del sistema financiero tradicional.
El polémico artículo 35, que habilita el pago de salarios a través de billeteras virtuales, es objeto de un duro cuestionamiento por parte de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra).
La entidad sostiene que esta medida no es una simple cuestión de conveniencia para el usuario, sino que representa una amenaza a la estabilidad del crédito en el país.
En un documento técnico reciente, Abappra fue tajante al señalar que “los depósitos salariales son la materia prima del crédito a mediano y largo plazo”.
El argumento central de los bancos es que, al canalizar estos fondos a través de Proveedores de Servicios de Pago (PSP), el dinero se direcciona hacia instrumentos de muy corto plazo, como los fondos money market, lo que reduce la capacidad prestable de las entidades financieras.
El fin del “multiplicador virtuoso”
La mayor preocupación radica en la gestión de riesgos y liquidez. Cuando el salario ingresa a una billetera virtual, el sistema deja de considerarlo un ahorro estable. Según el documento, el fondo “deja de ser considerado un depósito estable para transformarse en un pasivo inestable”, lo que impide que los bancos utilicen ese capital para financiar proyectos de inversión o consumo superiores a 30 días.
Este cambio regulatorio neutraliza lo que los economistas llaman el “multiplicador del crédito”. Abappra explica que este “efecto virtuoso no se produce cuando los fondos se canalizan a través de billeteras virtuales”, ya que los saldos que estas mantienen en el sistema bancario son clasificados como inestables, impidiendo que el dinero vuelva a circular en forma de nuevos préstamos.
Impacto en la economía real
Las cifras que maneja el sector son alarmantes. Se estima que incluso un desplazamiento marginal de las cuentas sueldo hacia las apps provocaría una “erosión estructural del fondeo prestable superior a un billón de pesos”. Al ponderar los efectos indirectos, la contracción potencial del crédito bancario se ubicaría en un rango de entre 3,8 y 6,4 billones de pesos.
Este fenómeno, advierten, tendría “claros e inmediatos efectos adversos y directos sobre la inversión, el empleo y el crecimiento económico”, afectando de manera crítica el financiamiento de Pymes, el consumo local y el acceso a la vivienda. Para los bancos, el artículo 35 no moderniza el trabajo, sino que descapitaliza el motor productivo de la Argentina.