Comodoro Py inicia una nueva fase de indagatorias a 35 implicados por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Se investiga una asociación ilícita que manipuló licitaciones millonarias de insumos médicos y medicamentos mediante empresas seleccionadas y el pago de sobornos.
La justicia federal pone en marcha una exhaustiva etapa de indagatorias en los tribunales de Retiro para desentramar un complejo esquema de corrupción detectado en la Agencia Nacional de Discapacidad. Durante las próximas semanas, un total de 35 personas deberán comparecer ante el magistrado Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi en el marco de una investigación que señala el desvío millonario de recursos destinados a los sectores más vulnerables. El cronograma de citaciones inicia con Diego Spagnuolo, antiguo responsable de la entidad, quien deberá ampliar su declaración informativa en un proceso que también alcanza a su ex colaborador directo, Daniel María Garbellini, y a un nutrido grupo de empresarios del sector sanitario.
La hipótesis del Ministerio Público describe el funcionamiento de una estructura delictiva que habría manipulado sistemáticamente las licitaciones de fármacos y prótesis de alta complejidad. Según las pruebas recolectadas, se habría instrumentado un método de contrataciones dirigidas que favorecía a un puñado de droguerías preseleccionadas, simulando una competencia que en la realidad no existía. Esta operatoria permitía adjudicar sumas astronómicas para la provisión de insumos críticos —como audífonos, implantes y medicación biológica— mediante un sistema informático modificado que garantizaba el éxito de las firmas aliadas a la organización.
El expediente judicial detalla que estas irregularidades no solo inflaron los costos estatales, sino que se habrían concretado a cambio del pago de dádivas a los funcionarios encargados de supervisar los procesos de compra. Los investigadores sostienen que el esquema garantizaba a las empresas beneficiadas una prioridad absoluta en la liquidación de facturas, mientras se vulneraban los principios de transparencia y libre concurrencia. Ante la magnitud del presunto perjuicio patrimonial, el juzgado ha dictado la inhibición general de bienes tanto para las personas físicas procesadas como para las sociedades comerciales sospechadas de participar en el fraude.
En este segundo tramo de la causa, la lupa está puesta en la jerarquía del organismo y en el rol de ciertos gestores privados que habrían servido de nexo para articular las adjudicaciones irregulares. La fiscalía busca determinar el alcance total de los beneficios económicos obtenidos por los integrantes de esta red, mientras avanza en la recolección de evidencia documental sobre licitaciones que superaron los 30.000 millones de pesos. Con estas nuevas presentaciones, la justicia intenta consolidar las acusaciones de asociación ilícita y administración infiel en uno de los casos de corrupción más resonantes del último año.
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