Trump impulsa una agresiva estrategia económica basada en reembolsos fiscales directos y exenciones en propinas para ganar votantes. Simultáneamente, el debilitamiento del control fiscal y la desregulación corporativa inyectan liquidez en sectores adinerados, asumiendo riesgos inflacionarios ante las elecciones legislativas.
A diferencia de su mandato anterior, donde las reducciones impositivas pasaron casi desapercibidas para el bolsillo cotidiano, la actual administración republicana ha decidido apostar por una visibilidad de alto impacto. Con las elecciones legislativas de noviembre en el horizonte y la aprobación presidencial en niveles críticos, el gobierno busca que los ciudadanos perciban el dinero de forma inmediata. La consigna parece clara: abandonar la sutileza para que el votante sienta el alivio financiero antes de entrar al cuarto oscuro.
La pieza central de esta táctica electoralista se manifestará tras la temporada fiscal de abril. Se prevé que el reembolso promedio ascienda a los $3,800, una cifra significativamente superior a los $3,000 registrados en años previos. A este ingreso extraordinario se suman promesas de fuerte calado popular, como la eliminación de gravámenes sobre las propinas y las horas extraordinarias. Estas medidas buscan generar una sensación de bonanza inmediata, contrarrestando el malestar por los recortes previstos en programas de salud y asistencia social.
Sin embargo, existe una veta de estímulo más opaca y dirigida a sectores específicos. El desmantelamiento operativo del Servicio de Impuestos Internos (IRS) es el movimiento más drástico. Al revertir la contratación de 20,000 agentes impulsada por la gestión de Biden, Trump no solo debilita la capacidad de auditoría del organismo, sino que indirectamente beneficia a los contribuyentes de mayores ingresos. Según proyecciones del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la falta de supervisión sobre el 5% más rico —responsable de la mitad de la evasión fiscal en el país— podría derivar en una pérdida de recaudación de hasta $20,000 millones para 2029, dinero que permanecerá en manos privadas.
El Tesoro también ha comenzado a flexibilizar las normas sobre la recompra de acciones y a suavizar la vigilancia sobre estructuras societarias complejas. La derogación de leyes de transparencia corporativa permitirá que las empresas ahorren decenas de miles de millones de dólares en la próxima década. Aunque este flujo de capital inyecta dinamismo a corto plazo, los analistas advierten sobre una posible “resaca inflacionaria”. Al estimular la demanda mientras se restringe la oferta mediante barreras comerciales y límites a la inmigración, el gobierno camina por la cuerda floja, especialmente si la Reserva Federal cede a las presiones para bajar los tipos de interés.
Un elemento inesperado podría potenciar este escenario: un inminente fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles “recíprocos”. Si la justicia determina que estos cobros fueron ilegales, el Estado se vería obligado a devolver más de $100,000 millones a las corporaciones. Paradójicamente, el revés judicial a una de las políticas estrella de Trump terminaría funcionando como un masivo choque de liquidez para las empresas, reforzando involuntariamente su agenda de expansión económica antes de los comicios.
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