Nicolás Trotta y 23 legisladores presentaron un proyecto de ley para otorgar un complemento de $119.000 por cargo estatal. La iniciativa busca mitigar la pérdida de ingresos tras la eliminación del incentivo nacional en todo el país.
Nicolás Trotta y 23 legisladores presentaron un proyecto de ley para otorgar un complemento de $119.000 por cargo estatal. La iniciativa busca mitigar la pérdida de ingresos tras la eliminación del incentivo nacional en todo el país.
El diputado nacional, Nicolás Trotta, junto a un grupo de 23 diputados del bloque Unión por la Patria, formalizó este jueves la presentación del “Proyecto de Ley de Fortalecimiento Salarial Educativo“. La propuesta legislativa pretende declarar la emergencia en el sector por el término de un año y establecer un pago mensual adicional para los maestros de educación obligatoria de gestión estatal.
La medida estableció un monto de $119.000 por cargo, con un límite de hasta dos beneficios por trabajador. Este esquema alcanzó a docentes y auxiliares de los niveles inicial, primario y secundario de las 24 jurisdicciones del país. Según el texto presentado, el objetivo consistió en recuperar parte del poder adquisitivo perdido tras la devaluación y la escalada inflacionaria.
El financiamiento del programa representaría un impacto fiscal significativo. Los autores del proyecto plantearon que los recursos provendrán de reasignaciones presupuestarias dentro del Tesoro Nacional.
No obstante, el Poder Ejecutivo, liderado por el presidente Javier Milei, mantuvo firme su política de déficit cero, lo que generó dudas sobre la viabilidad de la implementación en caso de una eventual aprobación parlamentaria.
La situación salarial de los educadores mostró un deterioro pronunciado. Datos del INDEC indicaron que los haberes reales del sector cayeron un 25% frente al IPC. En la actualidad, un maestro de grado percibió salarios básicos que promediaron los $450.000, cifra que gremios como CTERA consideraron insuficiente para cubrir la canasta básica.
Asimismo, la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) a principios de la gestión actual profundizó la brecha de ingresos. Mientras algunas provincias intentaron absorber ese costo con recursos propios, otras advirtieron sobre la imposibilidad de sostener los niveles salariales sin auxilio federal.
La iniciativa ingresó formalmente a la Cámara de Diputados y deberá ser tratada por las comisiones de Educación y Presupuesto y Hacienda. El oficialismo, por su parte, no emitió declaraciones directas, aunque reiteró que no se habilitarán partidas presupuestarias sin financiamiento genuino.
El futuro de la ley dependerá de la capacidad de la oposición para construir consensos. Por otro lado, la posibilidad de un veto presidencial permaneció como una alternativa latente, dada la prioridad otorgada al equilibrio fiscal por sobre las demandas de recomposición salarial.
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