Se realizará este martes una conferencia de prensa en Diputados con la presencia de Estela de Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel, entre otras personalidades.
Se realizará este martes una conferencia de prensa en Diputados con la presencia de Estela de Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel, entre otras personalidades.
Organismos de Derechos Humanos convocaron a una conferencia de prensa este martes a las 11.30 en la Cámara de Diputados para exigirle a la Justicia el relajamiento de las restricciones impuestas a la ex presidenta Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria.
Según apuntan, a los represores militares condenados por crímenes de lesa humanidad que también tienen el beneficio de la prisión domiciliaria no se los sometió a tantas restricciones como a la ex mandataria.
“A Cristina, quien es inocente, le restringen las visitas y sus derechos políticos, mientras que los mayores asesinos del pueblo, los genocidas, que están condenados por delitos de lesa humanidad, salen para festejos familiares, deportes o hasta por trabajo”, señalaron en un comunicado conjunto organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS y Servicio Paz y Justicia (SERPAJ).
En la conferencia de prensa, citada para este martes a las 11.30 en el anexa A de la Cámara baja, participarán personalidades de los Derechos Humanos como Estela De Carlotto, Taty Almeida, Adolfo Pérez Esquivel, Charly Pisoni, Pablo Llonto y Eduardo Tavani, entre otros, supo la Agencia Noticias Argentinas.
A través de sus representantes letrados, Cristina Kirchner intentó flexibilizar el régimen de detención, pero la Justicia hasta ahora no dio lugar al pedido y mantiene las estrictas normas fijadas el año pasado para su confinamiento en el departamento de la calle San José 1111, en Constitución.
Entre otras solicitudes, la defensa había requerido la eliminación de la tobillera electrónica, la supresión de la autorización judicial recurrente para visitantes habituales, la quita de límites a cantidad y duración de visitas, y la eliminación del tope de dos horas para el uso de la terraza del edificio donde reside.
El Tribunal Oral Federal Nº2 dispuso el año pasado que las visitas se limiten a un máximo de tres personas, durante no más de dos horas y tres veces por semana. Estas imposiciones hicieron que disminuyera la actividad política de la ex presidenta, quien además redujo al mínimo sus pronunciamientos y expresiones a través del uso de redes sociales.
Desde agosto, el transporte público en CABA y PBA subirá un 3,9%, elevando el boleto mínimo de colectivos porteños y provinciales. El incremento, indexado por inflación, también impactará en las tarifas de subtes y en los peajes de las autopistas de acceso.
Ante una inflación semestral cercana al 17%, los gobernadores provinciales reabrieron las negociaciones paritarias con docentes y estatales. Mientras distritos como Buenos Aires lograron acuerdos temporales, provincias como Santa Fe y Entre Ríos enfrentan fuertes tensiones y reclamos gremiales.
El gremio ATE ANAC alertó sobre deficiencias en el servicio de bomberos de varios aeropuertos argentinos por falta de inversión. Advirtió que el uso de recursos no homologados pone en riesgo la operatoria de vuelos durante las vacaciones de invierno.
Un informe de Unicef y la OMS advierte que Argentina está entre los países con menor cobertura de vacunación infantil, sumando 101.000 niños sin inmunizar. El abandono de esquemas multidosis eleva el riesgo de brotes de sarampión y difteria.
La ANMAT simplificó los trámites para modificar medicamentos biológicos ya registrados, reduciendo la burocracia mediante un enfoque de riesgo. Al incorporar el sistema “Reliance”, el organismo convalidará evaluaciones de agencias extranjeras para agilizar la disponibilidad de vacunas y fármacos.
El procurador Eduardo Casal expuso en el Congreso las trabas del fallo Levinas y propuso un DNU para agilizar causas. Además, reclamó más presupuesto ante una pérdida del 47% y debatió sobre la saturación por la desfederalización del narcomenudeo.
La justicia española condenó a David Sánchez, hermano del presidente de España, a nueve años de inhabilitación por prevaricación en su contratación en Badajoz. La sentencia determinó que el puesto fue un “traje a medida”, descartando el tráfico de influencias.
El director de la DEA, Terrance Cole, acusó al gobierno mexicano de tener vínculos indisolubles con los carteles de droga. México rechazó las afirmaciones por carecer de sustento, en medio de crecientes tensiones diplomáticas por soberanía y pedidos de extradición.
