La fiscalía anticorrupción investiga los viajes de Adorni

Investigaciones por presunta malversación y enriquecimiento ilícito comprometen al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Sergio Rodríguez, fiscal de la PIA, analiza el traslado de su esposa en el avión presidencial y un vuelo privado a Uruguay de U$D 10.000.

La Justicia investiga vuelos de Adorni y su esposa. Foto: fmjai.

El foco en el avión presidencial

El fiscal general Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), inició una investigación de oficio tras conocerse el traslado de Bettina Angeletti en la aeronave oficial ARG-01.

La mujer, cónyuge del jefe de Gabinete Manuel Adorni, acompañó a la comitiva liderada por el presidente Javier Milei a Nueva York en marzo de 2026. Angeletti no desempeña funciones públicas, lo que motivó denuncias por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Las vacaciones en Uruguay

Paralelamente, el organismo extrapoder analiza un vuelo privado realizado por el funcionario y su familia hacia Punta del Este durante el feriado de Carnaval. El costo de dicha operación ascendería a 10.000 dólares, cifra que despertó sospechas sobre la evolución patrimonial del vocero presidencial.

Una declaración del periodista Marcelo Grandío, quien afirmó inicialmente que el trayecto se financió con fondos estatales, incrementó la controversia, aunque el entorno de Adorni calificó el episodio como una operación de prensa.

Denuncias y marco legal

La diputada nacional Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón presentaron escritos ante los tribunales de Comodoro Py. Las causas recayeron en los juzgados de Daniel Rafecas y Ariel Lijo.

Pagano subrayó que el viaje contradice el régimen de austeridad impulsado por la propia Jefatura de Gabinete, el cual limita la cantidad de integrantes en misiones internacionales.

Por su parte, el Poder Ejecutivo respaldó de forma unánime al ministro, argumentando que los gastos personales fueron cubiertos con recursos propios.

La resolución de la PIA determinará si existen elementos para radicar una denuncia penal formal o si las actuaciones administrativas resultan suficientes para archivar el caso. El debate sobre los límites entre la vida privada de los funcionarios y el uso de activos estratégicos del Estado permanece abierto en la opinión pública.

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