Diputados inició el debate por la reforma ambiental entre advertencias de judicialización y denuncias de censura. Mientras el oficialismo defiende el desarrollo productivo, organizaciones sociales e investigadores alertaron sobre la pérdida de protección de reservas hídricas estratégicas.
La Cámara de Diputados de la Nación fue escenario hoy de una jornada marcada por cruces verbales e impugnaciones durante la primera audiencia pública para modificar la Ley de Glaciares.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales recibió a referentes sociales, científicos y funcionarios provinciales en un clima de hostilidad.
La oposición y diversas entidades civiles cuestionaron la legitimidad del encuentro tras la reducción del tiempo de exposición y dificultades en el ingreso de los participantes inscriptos.
Nicolás Mayoraz, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, dio apertura a las ponencias mientras afuera del Congreso se desplazaba un operativo de seguridad.
El legislador ratificó la validez del procedimiento administrativo, pese a la impugnación formal presentada por bloques de la Coalición Cívica, el PJ y el radicalismo. Los diputados opositores argumentaron que la metodología adoptada restringe la participación ciudadana y vulnera el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información ambiental.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales), advirtió que la aprobación del proyecto no otorgará seguridad jurídica a los inversores.
El abogado anticipó que la reforma generará cientos de demandas judiciales que mantendrán los proyectos mineros en litigio por tiempo prolongado. En la misma línea, la exlegisladora Marta Maffei calificó la iniciativa como “regresiva” y denunció que el texto debilita los presupuestos mínimos de protección establecidos en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan, defendió la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo. El funcionario sostuvo que existe una falsa dicotomía entre la minería y el cuidado del agua, tras señalar que la actividad extractiva solo representa el 3% del consumo hídrico en su provincia. Fernández atribuyó la escasez de agua a la falta de mantenimiento en las obras de riego durante las últimas dos décadas.
Gabriel Carrera, glaciólogo del Ianigla, aportó una perspectiva técnica al sugerir ajustes en las categorías de protección. El especialista propuso reemplazar el término “ambiente periglaciar” por “geoformas periglaciares” para precisar qué estructuras cumplen efectivamente una función hídrica.
La reforma busca limitar la protección exclusivamente a los cuerpos de hielo y rocas que actúen como reservas estratégicas de recursos, otorgando a las provincias la facultad de actualizar el inventario de glaciares.
Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, vinculó el diseño de la ley con intereses de corporaciones transnacionales. El letrado anunció que presentará una denuncia por presunto cohecho contra la funcionaria Flavia Royón, a quien acusó de mantener vínculos incompatibles con empresas mineras.
Durante la audiencia, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se sumó al rechazo tras definir al agua como un derecho humano no negociable.
Cierre del debate quedó envuelto en interrogantes sobre la solidez legal que tendrá la norma si logra la sanción definitiva. ¿Podrá el nuevo marco normativo equilibrar la autonomía provincial con la preservación de cuencas hídricas que atraviesan múltiples jurisdicciones sin terminar en la Corte Suprema?
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