Controversias en el proceso
El desarrollo de este mecanismo de reparación enfrentó críticas por parte de organizaciones de sobrevivientes, como la asociación Corazón Silenciado. Los representantes de las víctimas cuestionaron la disparidad en las cifras asignadas y defendieron un modelo de indemnización igualitaria para todos los afectados.
Asimismo, algunas víctimas calificaron de intrusivos los procedimientos de entrevista realizados por el Grupo VITA, organismo creado por los obispos para gestionar el apoyo. La coordinadora de este grupo, la psicóloga Rute Agulhas, argumentó que los detalles eran necesarios para fundamentar técnicamente el valor de cada compensación.
Contexto internacional
Con este anuncio, Portugal se alinea con la tendencia de otros países europeos. En Francia, las indemnizaciones han oscilado entre los 8.000 y 60.000 euros, mientras que en Bélgica el promedio fue significativamente menor.
Estas cifras contrastan con los estándares de Australia, donde el promedio alcanzó los 54.500 euros, o Estados Unidos, donde varias diócesis se declararon en bancarrota tras pagos superiores a los 100.000 dólares por víctima.
La jerarquía católica portuguesa reconoció en su comunicado que el dinero no elimina las consecuencias de los ataques sufridos. El documento concluye que la finalización de esta etapa administrativa no exime a la Iglesia de su responsabilidad continua en la prevención y el acompañamiento.