El Gobierno Nacional formalizó el protocolo para reducir la población de hipopótamos comunes en el Magdalena Medio. Irene Vélez Torres, ministra de Ambiente encargada, informó que la estrategia contempla el sacrificio de aproximadamente 80 ejemplares.
Esta decisión respondió a la imposibilidad de trasladar a los animales a otros países y al riesgo ambiental que representan para especies nativas como el manatí y la tortuga de río.
La problemática inició en 1981 con la introducción ilegal de cuatro ejemplares por el narcotraficante Pablo Escobar. Tras cuatro décadas sin depredadores naturales, la población de hipopótamos creció hasta alcanzar una estimación de 169 individuos en 2022, con proyecciones que superan los 200 en la actualidad. Los expertos advirtieron que, de no intervenir, la cifra ascendería a 1.000 individuos para el año 2035.
Métodos y financiamiento del proceso
El protocolo estableció dos modalidades para el sacrificio animal: la vía química mediante sedación e inyección, y la física a través de disparos con rifle por tiradores certificados. El costo de cada procedimiento se estimó en hasta 50 millones de pesos.
Para financiar estas acciones y los intentos remanentes de traslocación, la cartera ambiental destinó una partida de 7.200 millones de pesos que coordinarán las corporaciones autónomas regionales.
Las autoridades optaron por esta vía tras consultar a siete países y dos asociaciones internacionales sin obtener respuestas positivas. México rechazó la importación por leyes internas contra especies exóticas, mientras que zoológicos en Filipinas declinaron por los altos costos logísticos.
El Ministerio de Ambiente señaló que el confinamiento permanente tampoco resultó viable debido a los riesgos de hacinamiento y la alta inversión necesaria en infraestructura de seguridad.