Desde fines de 2023, cerraron más de 24.000 empresas en Argentina, marcando un récord histórico de destrucción productiva. El informe de Fundar señala que el transporte y la construcción son los sectores más golpeados, afectando principalmente a pequeñas y medianas empresas.
El ecosistema productivo argentino atraviesa una etapa de fragilidad extrema, marcada por una desaparición de unidades económicas sin precedentes cercanos. Un relevamiento de la organización Fundar, basado en registros de la Seguridad Social, indica que desde el inicio de la gestión de Javier Milei han dejado de operar 24.180 compañías. La magnitud de este retroceso posiciona al ciclo actual como el de mayor destrucción neta de empleadores en su etapa inicial, superando incluso las estadísticas registradas durante la crisis de 2001 o el periodo de emergencia sanitaria de 2020.
La velocidad del desplome refleja una parálisis que afecta fundamentalmente a las estructuras de pequeña y mediana escala. Según el “Monitor mensual de empresas”, el parque activo pasó de 512.357 firmas registradas a fines de 2023 a 488.177 en el último reporte. Esta tendencia negativa, que encadena 16 meses consecutivos de retroceso, describe un escenario donde la generación de nuevos emprendimientos no alcanza a compensar la elevada tasa de quiebras o ceses de actividad definitivos.
La desarticulación del tejido empresarial golpea con mayor saña a las actividades dependientes del consumo interno y la inversión estatal. El rubro de logística y almacenamiento lidera las pérdidas con una reducción del 15% de sus firmas, seguido de cerca por el mercado inmobiliario y las compañías constructoras, estas últimas castigadas por la interrupción de la infraestructura pública. En el ámbito industrial, la rama de cuero y calzado sufrió un impacto devastador, perdiendo casi una quinta parte de sus establecimientos productivos en solo dos años.
En el mapa nacional, la vulnerabilidad se distribuye de manera heterogénea. Mientras provincias como La Rioja, Chaco y Tierra del Fuego registran caídas de doble dígito en su cantidad de empleadores, Neuquén se erige como la única excepción a la regla. El enclave patagónico logra sostener sus indicadores gracias al flujo de divisas e inversiones que tracciona la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, demostrando que el sector energético funciona como un blindaje aislado frente a la recesión que afecta al resto de las regiones industriales del país.
El informe subraya que la desaparición de estas organizaciones tiene un efecto dominó inmediato sobre la calidad del empleo. La mayoría de las firmas que cerraron sus puertas pertenecían al segmento de microempresas y pymes de hasta diez trabajadores, sectores que carecen de reservas financieras para afrontar el alza de costos operativos y la caída de ventas. A diferencia de los grandes conglomerados, estas unidades no poseen herramientas de financiamiento internacional, quedando totalmente expuestas a la coyuntura macroeconómica local.
Este achicamiento del parque empresarial no solo reduce la oferta de bienes y servicios, sino que presiona los indicadores de precarización laboral, ya que cada cierre definitivo extingue puestos de trabajo registrados. Con una tasa de natalidad empresarial en niveles mínimos, el desafío para el corto plazo reside en frenar una pendiente de caída que, según los analistas, aún no ha dado señales de encontrar un punto de equilibrio o recuperación.
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