Escándalo en la AFA: Apartan al juez que debía decidir la detención de Tapia y Toviggino

La Cámara Federal de Tucumán admitió la recusación contra el magistrado Sebastián Argibay por presuntos vínculos comerciales con el entorno del tesorero de la entidad.

Claudio Tapia y Pablo Toviggino, directivos de AFA, bajo investigación. Foto: NA.

La investigación por presunto lavado de dinero y asociación ilícita que sacude los cimientos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha tomado un giro procedimental decisivo. La Cámara Federal de Tucumán resolvió apartar al juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, de la causa en la que el fiscal Pedro Simón solicitó la detención inmediata del presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y de su tesorero, Pablo Toviggino.

La decisión judicial responde a un planteo de recusación impulsado por la fiscalía, que puso en duda la imparcialidad del magistrado. El eje de la sospecha radica en un presunto vínculo comercial previo entre Argibay y el entorno de Toviggino. Según consta en el expediente, se detectó la venta de una finca valuada en aproximadamente $200 millones, la cual habría sido escriturada por apenas $20 millones, una cifra significativamente menor al valor de mercado. En dicha operación habrían intervenido familiares directos de ambas partes, incluyendo a una hija del juez y a un hermano del dirigente de la AFA.

Un expediente sin rumbo definido

Con el apartamiento de Argibay, el futuro de la causa entra en una zona de incertidumbre. El otro juez federal de la provincia, Guillermo Molinari, se encuentra actualmente de licencia por problemas de salud, lo que deja a Santiago del Estero sin magistrados naturales para llevar adelante el proceso. En este escenario, la Cámara Federal de Tucumán deberá sortear un nuevo juez entre las jurisdicciones de su competencia, lo que podría derivar en que el expediente se traslade a las provincias de Tucumán o Catamarca.

La investigación, que se originó en diciembre de 2025 tras una denuncia por desvío de fondos públicos, busca desentramar una red de empresas y operaciones financieras que habrían beneficiado al círculo íntimo de los directivos. El fiscal Simón sostiene que existe un riesgo real de fuga y entorpecimiento de la pesquisa debido a la “compleja estructura montada” para movilizar capitales.

Millones bajo la lupa

El dictamen fiscal es contundente respecto a los movimientos de dinero. Se investigan transferencias por más de $1.243 millones realizadas por el gobierno de Santiago del Estero a la empresa de seguridad SEGON SRL, vinculada a Toviggino. La firma habría recibido pagos millonarios incluso meses antes de que se formalizaran los decretos de adjudicación para prestar servicios en el Hospital Regional Ramón Carrillo.

Además, la propia AFA habría inyectado fondos directos a esta empresa por un total de $1.328 millones entre 2024 y 2025. Para la fiscalía, estas cuentas funcionaban como una “pasarela”: el dinero ingresaba y era derivado a otras entidades financieras en menos de 48 horas, una maniobra clásica para dificultar la trazabilidad de los fondos. Mientras la causa busca un nuevo juez, la presión sobre la cúpula de la AFA escala a niveles judiciales inéditos.

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