En un escenario de creciente tensión entre el Gobierno Nacional y sectores de la prensa, la Casa Militar presentó este miércoles 22 de abril de 2026 una denuncia penal contra periodistas, productores y directivos de la señal Todo Noticias (TN). La acusación, que tramita en los juzgados federales de Comodoro Py, apunta a la presunta comisión del delito de espionaje ilegal tras la difusión de material audiovisual obtenido mediante cámaras ocultas dentro de la Casa Rosada.
El expediente, impulsado por el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ignacio Ibáñez, señala directamente a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno. La denuncia surge a raíz de un informe emitido el pasado domingo 19 de abril en el programa “¿Y mañana qué?”, donde se mostraron recorridos detallados por pasillos, despachos y áreas de acceso restringido de la Casa de Gobierno. Según la presentación, los comunicadores habrían utilizado “lentes inteligentes” y otros dispositivos subrepticios para captar las imágenes sin autorización alguna.
Un golpe a la seguridad nacional
Para la Casa Militar, el hecho no se limita a una transgresión administrativa, sino que constituye una amenaza directa a la seguridad de la Nación. El documento judicial sostiene que el informe de TN expuso patrones de seguridad, rutas de circulación interna y movimientos de funcionarios que son estrictamente confidenciales.
“La divulgación de estos datos deja expuestos al Presidente de la Nación y a su equipo de custodia, brindando información logística que podría ser explotada por actores hostiles”, advierte el texto de la denuncia. En este sentido, se recalca que la Casa Rosada no es solo un monumento histórico, sino el centro operativo estratégico del Poder Ejecutivo, donde se coordinan asuntos de defensa y política exterior.
El encuadre jurídico y las pruebas solicitadas
La presentación judicial encuadra la conducta de los periodistas en los artículos 222 y 223 del Código Penal, que sancionan la revelación de secretos de Estado y la obtención de información sensible de manera ilegal. La fiscalía ha sido instada a secuestrar el material original de las grabaciones, incluyendo los metadatos y los descartes de edición, para determinar el alcance total de la filtración.
Asimismo, se solicitó la citación de los efectivos encargados de la guardia el día de las filmaciones y peritajes técnicos sobre los dispositivos utilizados. Desde el entorno oficial subrayan que la gravedad del episodio aumenta debido al contexto internacional actual, con Argentina alineada estratégicamente con potencias como Estados Unidos e Israel, lo que eleva el nivel de alerta ante posibles vulnerabilidades en las sedes gubernamentales.
Tensión con la prensa
Mientras la Justicia inicia las primeras medidas de prueba, el caso abre un complejo debate sobre los límites del ejercicio periodístico y la seguridad nacional. Desde el Gobierno insisten en que no se trata de una limitación a la libertad de prensa, sino de la sanción a un método de obtención de información “furtivo” que puso en riesgo la integridad del jefe de Estado en un edificio que posee estatus de seguridad militar.