La administración de Donald Trump modificó las sanciones para permitir que el Ejecutivo venezolano abone los honorarios de los abogados en el juicio por narcotráfico. Los detalles de la licencia de la OFAC.
La administración de Donald Trump modificó las sanciones para permitir que el Ejecutivo venezolano abone los honorarios de los abogados en el juicio por narcotráfico. Los detalles de la licencia de la OFAC.

En un movimiento que redefine la estrategia judicial en el Distrito Sur de Nueva York, el Gobierno de los Estados Unidos accedió a modificar el esquema de sanciones vigentes sobre Venezuela.
El objetivo es permitir que el Ejecutivo de aquel país sufrague los gastos de defensa de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan cargos por narcotráfico en suelo estadounidense.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió licencias enmendadas que autorizan la transferencia de fondos bajo parámetros estrictos.
Según el documento legal, “estas licencias enmendadas autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones”.
Entre los requisitos fundamentales, se especifica que los pagos autorizados deben realizarse con “fondos disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026” y que estos desembolsos “no se deriven de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros”.
Esta distinción busca evitar que se utilicen activos previamente congelados o fondos bajo custodia internacional.
Este cambio de postura representa un viraje en la administración de Donald Trump, que inicialmente había bloqueado cualquier acceso a capitales alegando razones de seguridad nacional. Sin embargo, el equipo legal liderado por Barry Pollack interpuso un argumento de peso constitucional: la Sexta Enmienda.
La defensa sostuvo que impedir el pago de honorarios vulneraba el derecho fundamental de todo acusado a elegir a su representante legal, solicitando incluso la desestimación del caso si no se liberaban los fondos. El juez Alvin Hellerstein, de 92 años, se mostró receptivo a este reclamo.
Durante las audiencias, el magistrado cuestionó la rigidez de la Fiscalía, señalando que, tras su captura el pasado 3 de enero en Caracas y su posterior traslado a Brooklyn, el matrimonio ya no representaba “una amenaza para la seguridad nacional”.
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, permanecen detenidos en una prisión federal tras haberse declarado “no culpables” de conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína. Pese a este avance administrativo para su defensa, el calendario judicial no muestra señales de celeridad.
Se estima que el juicio formal, que promete ser uno de los eventos legales más mediáticos de la década, no comenzará hasta dentro de uno o dos años, estirando la definición de la causa hasta bien entrado 2027 o 2028.
El diputado argentino Juan Marino denunció la expulsión forzada de una comitiva humanitaria en La Paz, tras ser retenida por autoridades bolivianas. La delegación planeaba investigar denuncias de represión bajo la gestión de Rodrigo Paz, y recurrirá a organismos internacionales.
El Gobierno nacional eliminó mediante decreto las instancias de impugnación ciudadana previas para nominar jueces de la Corte Suprema, argumentando duplicación con el Senado. La medida quita exigencias de paridad de género y federalismo para agilizar la cobertura de vacantes judiciales.
Pablo Moyano reapareció denunciando la reforma laboral ante un foro internacional del transporte y endureciendo un conflicto con Quilmes y Coca-Cola. El quite de colaboración de los choferes frena la logística de bebidas, amenazando con desabastecimiento y suba de precios.
La CGT evalúa implementar paros rotativos por sectores para mantener el conflicto contra la reforma laboral de Milei, tras sus denuncias ante la OIT. En paralelo, Camioneros aplica un quite de colaboración en grandes embotelladoras, afectando la distribución de bebidas.
El ajuste estatal redujo en un 20% la planta de empleados de las empresas públicas en dos años, estabilizándola en 72.000 trabajadores mediante retiros voluntarios. Esta drástica reducción impulsó un superávit financiero consolidado de $183.000 millones en el inicio del año.
A dos años de la desaparición de Loan, su familia afronta el juicio oral en total soledad en Corrientes. El pueblo de 9 de Julio se distanció de los reclamos debido a la desconfianza por el uso de las donaciones millonarias.
Un B-52 Stratofortress se estrelló en la base aérea Edwards tras despegar a las 11:20 a. m., provocando la muerte de sus ocho tripulantes. Las autoridades militares cerraron el aeródromo del desierto de Mojave para investigar las causas de la tragedia.
La fiscalía chilena inició una investigación penal por presunto tráfico de niños haitianos ingresados durante el año pasado. Las sospechas surgieron tras detectarse que los acompañantes, quienes realizaron múltiples viajes aduciendo reencuentros familiares, nunca acreditaron vínculos reales ante migraciones.