La administración de Donald Trump modificó las sanciones para permitir que el Ejecutivo venezolano abone los honorarios de los abogados en el juicio por narcotráfico. Los detalles de la licencia de la OFAC.
La administración de Donald Trump modificó las sanciones para permitir que el Ejecutivo venezolano abone los honorarios de los abogados en el juicio por narcotráfico. Los detalles de la licencia de la OFAC.
En un movimiento que redefine la estrategia judicial en el Distrito Sur de Nueva York, el Gobierno de los Estados Unidos accedió a modificar el esquema de sanciones vigentes sobre Venezuela.
El objetivo es permitir que el Ejecutivo de aquel país sufrague los gastos de defensa de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan cargos por narcotráfico en suelo estadounidense.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió licencias enmendadas que autorizan la transferencia de fondos bajo parámetros estrictos.
Según el documento legal, “estas licencias enmendadas autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones”.
Entre los requisitos fundamentales, se especifica que los pagos autorizados deben realizarse con “fondos disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026” y que estos desembolsos “no se deriven de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros”.
Esta distinción busca evitar que se utilicen activos previamente congelados o fondos bajo custodia internacional.
Este cambio de postura representa un viraje en la administración de Donald Trump, que inicialmente había bloqueado cualquier acceso a capitales alegando razones de seguridad nacional. Sin embargo, el equipo legal liderado por Barry Pollack interpuso un argumento de peso constitucional: la Sexta Enmienda.
La defensa sostuvo que impedir el pago de honorarios vulneraba el derecho fundamental de todo acusado a elegir a su representante legal, solicitando incluso la desestimación del caso si no se liberaban los fondos. El juez Alvin Hellerstein, de 92 años, se mostró receptivo a este reclamo.
Durante las audiencias, el magistrado cuestionó la rigidez de la Fiscalía, señalando que, tras su captura el pasado 3 de enero en Caracas y su posterior traslado a Brooklyn, el matrimonio ya no representaba “una amenaza para la seguridad nacional”.
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, permanecen detenidos en una prisión federal tras haberse declarado “no culpables” de conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína. Pese a este avance administrativo para su defensa, el calendario judicial no muestra señales de celeridad.
Se estima que el juicio formal, que promete ser uno de los eventos legales más mediáticos de la década, no comenzará hasta dentro de uno o dos años, estirando la definición de la causa hasta bien entrado 2027 o 2028.
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