La presidenta de México calificó de “políticas” las acusaciones del Departamento de Justicia contra 10 ciudadanos, incluido el gobernador de Sinaloa, y reafirmó la defensa de la soberanía.
La presidenta de México calificó de “políticas” las acusaciones del Departamento de Justicia contra 10 ciudadanos, incluido el gobernador de Sinaloa, y reafirmó la defensa de la soberanía.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, marcó una línea roja en la relación bilateral con Estados Unidos al expresar un enérgico rechazo a lo que considera una injerencia extranjera en los asuntos internos del país.
El conflicto estalló tras conocerse la solicitud de extradición de diez ciudadanos mexicanos, entre los que figura el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusados por el Departamento de Justicia estadounidense de vínculos con el tráfico de armas y narcóticos.
Durante su habitual conferencia matutina en el Palacio Nacional, Sheinbaum fue categórica al leer la posición oficial de su administración. “Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que competen exclusivamente al pueblo de México”, sentenció la mandataria, situando la soberanía como un principio innegociable.
Para la administración mexicana, el trasfondo de estas acusaciones no es meramente judicial. Sheinbaum fue directa al señalar las intenciones detrás de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York: “Es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.
Uno de los puntos de mayor fricción radica en la solidez de las acusaciones. La presidenta sostuvo que “no existen pruebas claras” contra los imputados y denunció que las autoridades estadounidenses vulneraron los procesos de confidencialidad al hacer público el levantamiento de cargos el pasado 29 de abril, apenas horas después de haber enviado la documentación a la cancillería mexicana.
Actualmente, la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra analizando los expedientes para determinar su viabilidad técnica. Según explicó la mandataria, se iniciará una investigación propia para corroborar si la acusación cuenta con el fundamento legal necesario para dictar órdenes de aprehensión.
“Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía”, reiteró.
La controversia no podría llegar en un momento más inoportuno. Las solicitudes de extradición vinculan a los acusados con una facción del cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, lo que añade una capa de complejidad mediática y de seguridad.
Sin embargo, Sheinbaum aclaró que no habrá protección si se comprueban delitos: “nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”. Esta crisis se desarrolla en vísperas de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que obliga a ambos gobiernos a caminar sobre una delgada línea entre la cooperación en seguridad y el respeto a la autonomía jurídica de cada nación.
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