Arroyo Salgado declaró vínculos entre espionaje, minería estatal y el Ejecutivo en el caso Nisman

La jueza Arroyo Salgado vinculó el crimen de Alberto Nisman con agentes de inteligencia actuales, la empresa Río Turbio y funcionarios nacionales. Denunció una corrupción estructural en el Estado y criticó la lentitud judicial para remover magistrados deshonestos del cargo.

Sandra Arroyo Salgado

Durante una disertación frente al Rotary Club, la magistrada Sandra Arroyo Salgado sacudió el panorama judicial al trazar una conexión directa entre el fallecimiento de Alberto Nisman y un entramado que involucra a agentes de inteligencia, la firma santacruceña Yacimientos Carboníferos Río Turbio y un integrante de la actual gestión gubernamental. La jueza federal de San Isidro sostuvo que, si bien la autoría intelectual del crimen sigue siendo una incógnita de difícil resolución, existen indicios claros sobre colaboradores secundarios que hoy operan en sectores estratégicos de la energía y mantienen lazos estrechos con la administración vigente.

La exesposa del fiscal fallecido calificó el suceso como un magnicidio institucional de gravedad inédita para la democracia argentina, subrayando que el atentado contra la vida de Nisman ocurrió pocos días después de que este denunciara un pacto de impunidad con Irán. En su análisis sobre la crisis de transparencia en el país, Arroyo Salgado definió a la corrupción como un fenómeno endémico que permea los tres pilares del Estado y gran parte del sector privado. Según su visión, el sistema judicial padece de una “inacción pasiva” que permite el avance del crimen organizado y el narcotráfico, especialmente en zonas limítrofes donde el control estatal ha sido suplantado.

La magistrada también dirigió duras críticas hacia el Consejo de la Magistratura, al que describió como un organismo lento e ineficiente que falla en su misión de depurar las filas de la Justicia. Afirmó que la cantidad de funcionarios judiciales removidos de sus cargos es ínfima en comparación con los niveles reales de irregularidades existentes. En el tramo final de su exposición, la jueza instó a priorizar la integridad moral en el nombramiento de nuevos magistrados como única vía para desarticular las redes delictivas que, según sugirió, continúan operando desde las sombras del espionaje y las estructuras de poder actuales.

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