El organismo recaudador amplió la denuncia contra la cúpula de la AFA por evasión agravada. Detectaron maniobras con facturas apócrifas por casi 300 millones de pesos y una red de empresas fantasma para ocultar el destino final del dinero.
El organismo recaudador amplió la denuncia contra la cúpula de la AFA por evasión agravada. Detectaron maniobras con facturas apócrifas por casi 300 millones de pesos y una red de empresas fantasma para ocultar el destino final del dinero.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) profundizó la ofensiva judicial contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En la ampliación presentada ante el juez Diego Amarante, el organismo acusó formalmente a Claudio Tapia y Pablo Toviggino de encabezar una estructura organizada para evadir impuestos. La investigación detectó un perjuicio fiscal de $289.336.519,66 generado entre los períodos 2023 y 2025.
El esquema denunciado consistía en el uso sistemático de proveedores sin capacidad económica. Estas firmas, calificadas como usinas de facturación falsa, justificaban egresos millonarios por supuestas obras en el predio de Ezeiza. Entre las empresas señaladas figuran Construcciones Far West SRL y Maxstore SA, las cuales no poseen empleados registrados ni maquinaria para realizar las tareas facturadas.
Uno de los puntos críticos de la denuncia es la ruptura en la trazabilidad de los fondos. ARCA informó que el 77,11% de los pagos se efectuó mediante cheques con múltiples endosos, mientras que solo el 22,89% se realizó por transferencias bancarias.
Según el fisco, este mecanismo permitió que el dinero de la entidad terminara en cuentas de terceros, como empresas agrícolas y frigoríficos, ajenos a la actividad deportiva.
La investigación reveló que cheques emitidos por la AFA para pagar supuestos servicios de construcción terminaron depositados por firmas como BLD S.A. y el Frigorífico Rioplatense.
Estos movimientos se justificaron bajo conceptos de compra de hacienda y carne vacuna, lo que para los inspectores constituye un ardid para encubrir a los destinatarios finales del efectivo.
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Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino rechazó de forma tajante las acusaciones y solicitó el archivo de las actuaciones. Mediante un comunicado oficial, la gestión de Tapia aseguró que su proceder se ajustó a la legalidad y que todas las declaraciones juradas fueron presentadas.
La entidad argumentó que existe una norma estatal que avala los plazos de pago utilizados y que el organismo recaudador ya había aceptado previamente los planes de moratoria.
En sintonía con esto, la defensa de los directivos calificó la denuncia como una campaña de desprestigio contra la institución. Asimismo, el equipo legal de la AFA recusó al juez Amarante, aunque el planteo fue desestimado por la Cámara en lo Penal Económico.
El expediente ahora suma a otros directivos bajo investigación, incluyendo a Víctor Blanco y Cristian Malaspina, en un conflicto que trasciende lo administrativo para instalarse en el terreno de la justicia penal.
El magistrado interviniente deberá resolver si cita a indagatoria a la cúpula dirigencial. El debate se centra en si estas operaciones fueron hechos aislados de mora tributaria o, como sostiene el Gobierno, una maquinaria permanente para el desvío de fondos.
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