Martín Migueles reconoció ante la Justicia su rol como nexo para agilizar permisos de importación durante el último cepo cambiario. Mediante un escrito, el empresario negó el pago de coimas y calificó sus maniobras como tareas de intermediación comercial habituales.
El financista, Martín Migueles, se presentó este lunes en los tribunales federales de Comodoro Py para entregar un escrito de 14 páginas ante el fiscal Franco Picardi. El empresario, exsocio de Elías Piccirillo, buscó desmarcarse de las acusaciones de corrupción vinculadas al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y al mercado del dólar paralelo.
Migueles admitió haber oficiado de nexo para destrabar permisos de importación, aunque rechazó terminantemente la figura de coimas. En su declaración, sostuvo que se trató de una “intermediación” similar a la de un corredor inmobiliario o un vendedor de vehículos. El imputado argumentó que su rol se limitó a contactar interesados con terceros, como un individuo apodado “Pipo”, a cambio de una comisión por la referencia.
La investigación judicial se apoya en chats y audios extraídos del teléfono celular del financista. En esos registros, correspondientes a 2023, se observan diálogos con Ariel Saponara sobre la liberación de declaraciones de importación para maquinaria.
Los mensajes mencionan porcentajes de entre el 10% y el 15% para “acelerar” los trámites, cifras que coinciden con los montos que la Justicia sospecha se distribuían como sobornos.
Sobre estas evidencias, Migueles explicó que los términos utilizados estaban “sacados de contexto”. Respecto a las menciones sobre la necesidad de mover “100 o 150 palos” diarios, el acusado afirmó que se trató de una “exageración” para generar interés comercial en un tercero y no de una operatoria real.
El nivel de vida de Migueles, exhibido en videos con autos de alta gama y relojes de lujo, también forma parte del expediente. El financista desmintió ser el propietario de dichos bienes, asegurando que los vehículos eran de terceros para la venta y que los relojes eran imágenes enviadas por conocidos. Asimismo, aclaró que la propiedad que ocupaba en Nordelta pertenecía a su amigo Piccirillo.
El fiscal Picardi y el juez Ariel Lijo buscan ahora identificar a los funcionarios públicos mencionados en los chats bajo los seudónimos de “Pato” y “La Señora”. Se solicitó a la Secretaría de Comercio que informe quiénes fueron los responsables de autorizar los expedientes señalados en la causa, que investiga un circuito financiero de al menos US$900 millones.
El empresario reconoció ante las autoridades que su situación fiscal y patrimonial presenta irregularidades, con declaraciones juradas pendientes de cierre.
Al retirarse de los tribunales, Migueles manifestó su intención de seguir colaborando con la Justicia para evitar una posible detención, manteniendo su postura de que nunca tuvo contacto directo con funcionarios del gobierno anterior.
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