Ramos Padilla, juez federal de La Plata, dictó una medida cautelar para asegurar el presupuesto del Banco Nacional de Datos Genéticos. La decisión busca evitar la parálisis de las pericias de identidad ante la falta de recursos operativos.
Ramos Padilla, juez federal de La Plata, dictó una medida cautelar para asegurar el presupuesto del Banco Nacional de Datos Genéticos. La decisión busca evitar la parálisis de las pericias de identidad ante la falta de recursos operativos.
La justicia federal intervino ante la situación crítica que atraviesa el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). El titular del Juzgado Federal 1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla, ordenó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que disponga de las partidas presupuestarias necesarias para mantener el funcionamiento de la institución.
En este sentido, la resolución judicial establece un plazo de cinco días para que el Ejecutivo presente un informe detallado sobre las medidas tomadas para resguardar el interés público del organismo.
La medida cautelar se originó tras una advertencia de la directora técnica del BNDG, Mariana Herrera Piñero. La funcionaria informó a diversos tribunales que la insuficiencia de crédito presupuestario impide costear servicios básicos como limpieza, vigilancia y mantenimiento edilicio.
Según el reporte técnico, esta carencia compromete la conservación de muestras biológicas (unas 32.000), que incluyen restos óseos, sangre y material genético esencial para juicios de lesa humanidad.
Abuelas de Plaza de Mayo y diversas unidades fiscales habían solicitado la intervención judicial ante la posibilidad de un daño irreversible. La parálisis de las tareas técnicas no solo afectaría las identificaciones de nietos apropiados durante la última dictadura, sino también la validez de los procesos periciales actuales debido a la falta de monitoreo ambiental y refrigeración de muestras.
El BNDG, creado en 1987 y pionero a nivel mundial, funciona actualmente bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Ramos Padilla subrayó en su fallo que el Estado nacional tiene la obligación constitucional e internacional de garantizar el derecho a la identidad y la reparación a las víctimas de desaparición forzada.
Paralelamente, el juez Ernesto Kreplak solicitó un informe sobre el estado de las muestras vinculadas a causas específicas bajo su jurisdicción.
En el ámbito legislativo, la diputada Cecilia Moreau impulsó un proyecto para asegurar los recursos del banco, mientras que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires manifestaron su preocupación por lo que definieron como un ahogo financiero que afecta una herramienta esencial del Poder Judicial.
La resolución judicial coloca al Ejecutivo ante la necesidad de redefinir las prioridades de gasto en áreas de ciencia vinculadas a los derechos humanos.
El cumplimiento de esta medida cautelar determinará si el Banco Nacional de Datos Genéticos podrá sostener su operatividad técnica o si la búsqueda de identidad en el país enfrentará una pausa inédita por razones administrativas. ¿Cómo logrará el Estado equilibrar el ajuste fiscal con el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de justicia genética?
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