La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas advirtió que una medida cautelar dictada en Pilar a favor del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino debilita el debate público y sienta un precedente restrictivo para la libertad de prensa.
El titular del Juzgado de Garantías Número 7 de Pilar, Walter Federico Saettone, dictó una medida cautelar que prohíbe el contacto y el acercamiento a menos de 500 metros del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y su entorno familiar.
La resolución judicial afecta a seis periodistas, un legislador porteño y un dirigente político, quienes fueron denunciados por el dirigente deportivo bajo el cargo de presunta extorsión agravada.
El dictamen impone un límite de 90 días de vigencia y restringe la difusión de datos privados, aunque excluye de la prohibición las informaciones vinculadas a la función pública del denunciante.
Ante la notificación del fallo, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado de rechazo. La organización sectorial argumentó que la decisión carece de fundamentos específicos sobre la comisión de delitos y advirtió que la resolución judicial genera un efecto inhibitorio sobre el libre ejercicio de la prensa.
Según el organismo, la utilización de la vía penal para establecer este tipo de restricciones directas lesiona las garantías contempladas en el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica.
La denuncia presentada por el abogado de la entidad deportiva, Gregorio Dalbón, sostuvo que las publicaciones sostenidas sobre la gestión institucional buscaban generar hostilidad pública hacia el dirigente.
El magistrado interviniente consideró que la restricción es una limitación mínima orientada a resguardar la tranquilidad familiar, sin interrumpir la cobertura de temas de interés general. Asimismo, la presentación judicial vinculó el financiamiento de las investigaciones periodísticas con intereses particulares de empresarios del sector audiovisual.
El magistrado a cargo del caso, de 46 años, ejerce sus funciones en el Departamento Judicial de San Isidro desde diciembre de 2013, tras ser nombrado durante la gestión del exgobernador Daniel Scioli.
En sus perfiles oficiales de plataformas digitales, el juez manifestó opiniones favorables hacia referentes del partido Frente para la Victoria y compartió registros fotográficos con autoridades provinciales actuales. Paralelamente, el juez participó en 2023 en un filme documental sobre la actividad de los magistrados en los contextos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires.
Por otra parte, la sede judicial de Pilar intervino previamente en las investigaciones relacionadas con el patrimonio de los directivos del fútbol local. El pasado 4 de enero, el mismo juzgado autorizó el registro legal de la vivienda de Matías Yofe, referente de la Coalición Cívica ARI y uno de los denunciados en la causa actual.
Aquel procedimiento derivó en la incautación de material informático en el marco de las causas derivadas por las denuncias sobre inmuebles situados en la localidad de Villa Rosa.
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