Legisladores de LLA repudiaron la homilía del Tedeum y cuestionaron los vínculos políticos del arzobispo

Diputados oficialistas cruzaron duramente al arzobispo Jorge García Cuerva tras su homilía en el Tedeum, acusándolo de politización partidaria. Pese a los cuestionamientos legislativos por sus vínculos con la oposición, la Casa Rosada buscó relativizar la tensión con la Iglesia.

Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto
Bertie Benegas Lynch

El tradicional oficio religioso del 215° aniversario de la Patria desencadenó un fuerte cruce político luego de que referentes del bloque libertario cuestionaran en duros términos las reflexiones vertidas por la máxima autoridad eclesiástica porteña, Jorge García Cuerva. El detonante del malestar oficialista se originó en las advertencias del prelado ante el primer mandatario Javier Milei y sus ministros respecto al impacto de las conductas individualistas en el tejido social y los riesgos de profundizar la polarización en el país. La respuesta de los representantes de la fuerza gobernante no se hizo esperar en el espacio digital, donde se acusó formalmente al conductor de la arquidiócesis de instrumentalizar los altares con fines partidarios y de buscar el favorecimiento de las estructuras tradicionales del Justicialismo, señalando además las contradicciones conceptuales que, a su criterio, encierra la defensa de discursos centrados en la vulnerabilidad social.

El principal detractor de la alocución eclesiástica fue el diputado nacional Bertie Benegas Lynch, quien apeló a plataformas virtuales para calificar la intervención pastoral como un agravio hacia las reformas macroeconómicas que impulsa la Casa Rosada. El parlamentario acompañó sus objeciones con material fotográfico que documenta encuentros institucionales mantenidos en años previos por el actual arzobispo con referentes de la oposición, entre ellos el exministro Sergio Massa, argumentando que tales acercamientos evidencian una afinidad ideológica que deslegitima sus reclamos actuales. Asimismo, el legislador extendió el debate doctrinario hacia el plano de las libertades civiles al manifestarse abiertamente en contra del sostenimiento estatal del culto católico, considerándolo un anacronismo heredado del periodo colonial que lesiona la neutralidad religiosa que debería primar en una organización republicana moderna.

A las descalificaciones institucionales se sumaron voces del entorno intelectual del oficialismo, como la del biógrafo presidencial Nicolás Márquez, quien tildó las declaraciones de la jerarquía católica de carentes de rigor y las enmarcó dentro de un supuesto corrimiento doctrinal prohijado por la conducción del Vaticano. Pese a la virulencia de los cuestionamientos públicos provenientes del sector parlamentario, el núcleo político del Poder Ejecutivo ensayó una estrategia de moderación para amortiguar el impacto del desacuerdo, encuadrando las palabras del arzobispo dentro de los márgenes esperables de un llamado a la concordia ciudadana. Desde el entorno de los despachos presidenciales se apresuraron a ratificar la vigencia de los canales institucionales de diálogo con la curia, minimizando las lecturas que interpretaban el mensaje litúrgico como un ataque directo a los pilares del programa de gobierno.

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