EE.UU. clasificó a las mayores facciones brasileñas bajo el estatuto de terroristas

Estados Unidos designó como organizaciones terroristas a las bandas criminales brasileñas PCC y Comando Vermelho, ampliando sus facultades de persecución global. La medida, rechazada por el presidente Lula da Silva, reaviva la tensión geopolítica y el debate político en Brasil.

Comando Vermelho

La administración gubernamental de los Estados Unidos formalizó la inclusión del Primeiro Comando da Capital y del Comando Vermelho en su nómina oficial de entidades terroristas globales, una determinación que introduce un fuerte factor de discordia en los vínculos diplomáticos con las autoridades de Brasilia. A través de un documento emitido por la conducción de las relaciones exteriores de la potencia norteamericana, el secretario de Estado, Marco Rubio, fundamentó la medida señalando el carácter transnacional y el despliegue violento de estas organizaciones, a las que responsabiliza por dirigir atentados contra las fuerzas de seguridad, la administración pública y la población civil. Esta reclasificación jurídica dota a los organismos de inteligencia y defensa de Washington de prerrogativas legales ampliadas para congelar activos financieros, perseguir liderazgos e implementar tácticas de combate contra el narcotráfico más allá de sus límites geográficos locales.

La resolución de la Casa Blanca se adoptó a pesar de las gestiones explícitas que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva desplegó durante sus recientes encuentros bilaterales con el presidente Donald Trump, donde manifestó de manera reiterada la disconformidad de su gestión ante un encuadre legal que considera una interferencia en la soberanía de los países de la región. En contraste, los sectores de la oposición conservadora brasileña, encabezados por el postulante presidencial Flávio Bolsonaro, respaldaron abiertamente el nuevo estatus internacional de las bandas delictivas luego de mantener reuniones reservadas en la capital norteamericana. Este debate interno se produce en la antesala de las elecciones presidenciales que se celebrarán en el gigante sudamericano hacia el cierre del año actual.

Esta determinación se inscribe en la doctrina de seguridad continental promovida por el Poder Ejecutivo estadounidense a partir del cambio de mandato ocurrido a inicios del año pasado, período durante el cual se aplicó el mismo criterio de catalogación antiterrorista a las principales corporaciones criminales mexicanas y a estructuras delictivas de origen venezolano. Mientras las administraciones de la Ciudad de México y de Brasilia sostienen reparos geopolíticos sobre el alcance de estas intervenciones unilaterales, otros gobiernos del entorno latinoamericano muestran un alineamiento total con la política exterior de Washington, adaptando sus marcos normativos para asimilar estas tipificaciones en el combate a la delincuencia organizada.

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