La Legislatura de Santa Fe suspendió por 90 días sin sueldo a María Verónica Ballari tras omitir medidas preventivas para una mujer que luego fue asesinada.
La Legislatura de Santa Fe suspendió por 90 días sin sueldo a María Verónica Ballari tras omitir medidas preventivas para una mujer que luego fue asesinada.
La Legislatura de Santa Fe sancionó por unanimidad a la fiscal María Verónica Ballari con una suspensión de 90 días sin goce de sueldo. La medida administrativa respondió a las demoras e irregularidades detectadas en una investigación por violencia de género. La denunciante era Ailén Ayelén Oggero, una enfermera de 32 años que resultó asesinada a balazos en febrero de 2025 en Rosario, en un caso que continúa sin esclarecerse.
La Comisión de Acuerdos legislativa tomó la decisión tras evaluar un informe de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), conducida por Leandro Mai.
Los legisladores objetaron que la funcionaria judicial, quien ya fue desplazada de las unidades de violencia de género, no imputó ni solicitó medidas cautelares privativas de la libertad contra la expareja de la víctima antes del homicidio.
Oggero había radicado una denuncia en noviembre de 2024 ante un Centro Territorial. En su declaración, expuso que su exnovio, Jonathan Oscar Omill, de 34 años, ingresó por la fuerza a su vivienda de la calle Prusia al 6700, en el barrio Belgrano. Durante aquel episodio, el hombre la agredió físicamente, robó su automóvil y la privó de la libertad durante dos horas.
A pesar de que la Justicia fijó una restricción de acercamiento, los hostigamientos continuaron en la periferia del hospital donde trabajaba la enfermera. La fiscalía no ordenó la imputación del agresor mientras la víctima permanecía con vida. El entorno familiar criticó la inacción judicial al asegurar que la fiscalía argumentó falta de tiempo para avanzar con las declaraciones.
El 18 de febrero de 2025, un delincuente atacó a Oggero en su casa y le efectuó cinco disparos que causaron su muerte inmediata. Sus hijos, de 4 y 11 años, y su padre se encontraban en el interior de la propiedad al momento de los disparos.
Omill fue detenido el día del crimen, pero recuperó la libertad al comprobarse que cumplía su jornada laboral en el horario del ataque. Posteriormente, el 2 de marzo de este año, el juez Gustavo Pérez de Urrechu homologó un juicio abreviado donde se condenó a Omill a 4 años y 6 meses de prisión por los delitos de violencia de género previos.
La fiscal Ballari rechazó la sanción parlamentaria y calificó de absurdo vincular la falta de imputación con el homicidio. Su abogado defensor, el penalista Gustavo Franceschetti, anticipó que impugnarán la medida ante la Corte provincial, la Corte Suprema de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), bajo el argumento de que se juzgó a la funcionaria mediante una figura de responsabilidad objetiva por un delito no resuelto.
Actualmente, la investigación por el femicidio se encuentra a cargo de la fiscal Andrea Vega, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas. Las autoridades manejan dos hipótesis: una presunta instigación por parte de Omill o una derivación de un conflicto con organizaciones criminales locales.
La causa no registra personas imputadas ni detenidas por la autoría material. El proceso sumó recientemente el rastreo de un automóvil con patente adulterada utilizado en el hecho, mientras los familiares de la víctima reclaman la elaboración de un identikit y el ofrecimiento de recompensas públicas.
La suspensión de la funcionaria reabre el debate sobre la responsabilidad de los operadores judiciales en el seguimiento de las medidas de protección. Los cuestionamientos de la defensa respecto a la interferencia del poder político en la autonomía de los fiscales plantean un dilema sobre los mecanismos de control vigentes en el sistema penal. ¿Hasta qué punto la sanción administrativa a un fiscal garantiza la eficiencia futura en la prevención del delito?
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