Un estudio de la consultora QSocial reveló que las casas de altos estudios concentran el 59% de aprobación ciudadana, ubicándose muy por encima del Congreso y los partidos políticos. El informe expone la profunda polarización ideológica que atraviesa el país.
Un reciente informe de opinión pública elaborado por la consultora QSocial reveló que las universidades públicas y privadas constituyen las instituciones con mayor nivel de credibilidad en el país. El relevamiento destaca que estas entidades logran esquivar la profunda crisis de representación que afecta al resto de los organismos estatales.
El mapa de la credibilidad institucional:
Universidades: Lideran el ranking nacional con el 59% de aprobación.
Fuerzas Armadas e Iglesia: Registran un 37% y 27% de respaldo respectivamente.
Congreso y Partidos: Se ubican en el fondo con apenas el 10% y 12% de confianza.
La marcada valoración hacia las casas de estudio se fundamenta en su prestigio histórico como motores de movilidad social ascendente. En contraste, el Poder Legislativo nacional y las agrupaciones políticas tradicionales sufren un agudo descrédito por parte de la ciudadanía, quedando relegados en los índices del muestreo.
El dossier técnico analizó las marcadas variaciones de opinión según la afinidad política de los encuestados. Los votantes identificados con el oficialismo muestran un fuerte respaldo a las fuerzas de seguridad y orden público, mientras que los sectores vinculados al peronismo y el kirchnerismo concentran su escasa confianza exclusivamente en el ámbito académico universitario.
Respecto a la estructura económica ideal, el 51% de los ciudadanos prefiere un Estado mínimo, frente al 36% que defiende el modelo de un Estado presente. Esta grieta conceptual se profundiza entre los libertarios y militantes del PRO, quienes apoyan de manera masiva la reducción del gasto público y la apertura de mercados.
La iniciativa privada también se consolida como el principal motor de riqueza nacional para el 51% de la muestra general. Por el contrario, solo un tercio de los participantes le atribuye ese rol central a la gestión pública, una postura que tiene mayor peso en los cuadros de izquierda y del peronismo.
En materia comercial, el debate social se inclina hacia la modernización de los esquemas de intercambio. El 40% de los argentinos prefiere una apertura económica global, mientras que un 38% adopta posturas moderadas e intermedias. Los enfoques proteccionistas tradicionales quedaron relegados a una minoría del 23% de los consultados.
El apartado vinculado a la seguridad ciudadana arrojó que el 78% considera que las leyes vigentes son blandas con los delincuentes. Ante este escenario complejo, el 54% de la población se inclina por endurecer severamente las penas de prisión, ganando terreno sobre la opción de combatir las desigualdades de base.
Los piquetes y cortes de calles representan otro de los puntos de mayor polarización social medidos por la consultora. Mientras que el 55% de los consultados prioriza el derecho a la protesta y los canales de diálogo, un 42% exige el uso de la fuerza pública para garantizar la libre circulación de vehículos.
Por último, el concepto de una sociedad justa aparece íntimamente ligado a la cultura de la meritocracia. El 66% de los argentinos sostiene que los ingresos deben otorgarse en base al esfuerzo individual, relegando a un segundo plano las políticas de redistribución igualitaria de la riqueza en este 2026.
La retención de tareas de los prácticos genera demoras logísticas en las refinerías y la exportación de petróleo. Las empresas advierten que, si la protesta se extiende, podría haber falta de combustible en la Patagonia y freno en la producción de crudo.
La iniciativa impulsada por la senadora Carolina Losada no será tratada en la sesión del 6 de agosto. Pese a las modificaciones en la redacción, juristas y organizaciones advierten sobre los riesgos que implica para quienes denuncian.
La inhabilitación de 51 intendentes oficiales en la provincia de Buenos Aires enciende las alarmas en el territorio y expone severas fracturas internas en la Legislatura bonaerense.
El atacante colombiano se presentó en Arroyo Seco pero se negó a practicar bajo las órdenes de Jorge Almirón. La dirigencia Canalla rechazó una oferta inicial por considerarla insuficiente en la antesala de los octavos de final de la Copa Libertadores.
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El vocero presidencial Adrián Ravier afirmó que el Ejecutivo sancionará la medida de fuerza del practicaje portuario. Además, defendió la educación como servicio esencial tras la huelga docente y ratificó la agenda de desregulación económica.
