La Comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales del Congreso se reunirá este miércoles para debatir modificaciones urgentes a la Ley de Inocencia Fiscal. La convocatoria surge en medio del impacto político provocado por la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Los tres puntos centrales de la reforma legislativa:
Exclusión de funcionarios: Se prohibirá el uso del régimen simplificado a toda la cúpula del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Foco en el entorno familiar: La restricción alcanzará de forma taxativa a cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad.
Freno a la opacidad: Buscan evitar que la normativa sea utilizada como una vía de blanqueo para fondos bajo sospecha de corrupción.
El debate parlamentario comenzará formalmente a las 18 horas bajo la expresa indicación del presidente de la comisión, el peronista Ariel Rauschenberger. El eje central de las deliberaciones estará puesto en el análisis del proyecto de ley redactado por el diputado de Provincias Unidas, Esteban Paulón, para frenar la opacidad oficial.
Desde los bloques opositores denunciaron de forma unánime que la administración liderada por Javier Milei desvirtuó el espíritu original de la normativa impositiva. Sostienen que la ley se presentó públicamente como un incentivo para canalizar ahorros privados, pero terminó operando como un escudo fiscal para la cúpula de Gobierno.
Los alcances de la restricción patrimonial
La iniciativa presentada por el legislador santafesino propone una reforma drástica sobre el artículo 38 de la Ley 27.799 para limitar los beneficios de la declaración simplificada que administra la ARCA. La intención principal es clausurar de manera definitiva los grises legales vigentes en el control de las declaraciones juradas.
De aprobarse la nueva normativa, quedarán expresamente excluidos de los amparos tributarios el presidente, vicepresidente, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado. La prohibición de utilizar este esquema flexible alcanzará también a legisladores nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma, de municipios y jueces.
Para evitar la elusión mediante maniobras de carácter indirecto, la ley impedirá la incorporación de cónyuges, convivientes y familiares directos en la declaración. Los impulsores del proyecto de ley recalcaron que las herramientas de recaudación del Estado no deben transformarse en una herramienta para encubrir desvíos financieros.
Polémica impositiva en el entorno presidencial
La controversia institucional cobró fuerza pública tras confirmarse que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, se acogieron al amparo impositivo en el Impuesto a las Ganancias. La oposición unificada argumenta que el régimen simplificado impide fiscalizar de forma correcta los vertiginosos incrementos en el patrimonio de los funcionarios.
La presión legislativa contra el ministro coordinador sumó un nuevo frente de conflicto en la Cámara Alta gracias a las propuestas paralelas presentadas por la senadora Juliana Di Tullio. En simultáneo, diversos bloques de la Cámara de Diputados formalizaron la solicitud de una sesión especial para el próximo martes 23 de junio.
El temario unificado para la jornada parlamentaria extraordinaria incluye pedidos de informes detallados, mecanismos de interpelación presencial ante el pleno y una moción de censura. Esta última herramienta, regulada por la Constitución Nacional, otorga a las cámaras la facultad de remover al jefe de Gabinete en funciones.
Ofensiva en el Congreso y plazos de gestión
En este complejo escenario, el Interbloque Popular introdujo un proyecto de resolución que fija un plazo perentorio de siete días al funcionario para dar explicaciones. De vencerse el término establecido sin respuestas claras sobre las inconsistencias, los legisladores quedarán habilitados para votar el cese inmediato de su cargo.
Por su parte, los principales operadores de la Casa Rosada diseñan estrategias para frenar el severo desgaste de la imagen pública de Adorni. A pesar de las alarmas encendidas, la conducción oficialista ratificó que el ministro coordinador concurrirá recién en julio para presentar su informe de gestión obligatorio.