Al hacer lugar al reclamo de la empresa Fidulac SA, la Cámara de Apelaciones de Rafaela suspendió el proceso de venta de SanCor. El tribunal revisará el pliego económico por considerar arbitrario el rechazo previo a las firmas electrónicas.
Al hacer lugar al reclamo de la empresa Fidulac SA, la Cámara de Apelaciones de Rafaela suspendió el proceso de venta de SanCor. El tribunal revisará el pliego económico por considerar arbitrario el rechazo previo a las firmas electrónicas.
La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela dispuso este viernes la suspensión temporal del proceso de liquidación de los activos de Sancor Cooperativas Unidas Limitada.
El tribunal provincial hizo lugar al recurso de queja interpuesto por la empresa Fidulac SA, presidida por el empresario Gustavo Scaglione, lo que paraliza el cronograma de venta aprobado a mediados de junio.
La resolución judicial, firmada por los camaristas María José Álvarez Tremea, Duilio Maximiliano Hail y Pablo Lorenzetti, dejó sin efecto la ejecución del pliego licitatorio emitido por el Juzgado de Primera Instancia de la Cuarta Nominación de Rafaela.
Aquella disposición inicial, firmada por el juez Marcelo Gelcich el 11 de junio, establecía un mecanismo de venta fragmentada de los bienes de la láctea mediante siete lotes independientes, con un valor base total de USD 52,1 millones.
Paralelamente, la controversia técnica que derivó en la intervención de la alzada comenzó el 19 de junio, cuando Fidulac apeló el esquema de venta por separado. El juez Gelcich rechazó dicho planteo el 26 de junio tras declarar “inexistente” el escrito, argumentando que la presentación poseía una firma electrónica mediante la plataforma DocuSign y no una rúbrica manuscrita.
No obstante, los miembros de la Cámara consideraron que tal determinación constituyó un exceso de rigor formal, dado que la firma electrónica cuenta con validez legal y el documento incluía el aval digital del abogado de la firma.
Con respecto al reclamo de fondo, la firma apelante cuestionó la decisión de subdividir el patrimonio de la cooperativa en lugar de priorizar una venta integral en bloque.
La propuesta original de la primera instancia fijaba en USD 27,4 millones el valor de las seis plantas industriales, ubicadas tres en Santa Fe y tres en Córdoba. Por otra parte, los activos intangibles y el paquete marcario, que contempla las líneas SanCor, Mendicrim, Tolem y Quesabores, sumaban un precio base de USD 24,7 millones.
Asimismo, la defensa de Fidulac, firma que interviene en el expediente en su doble rol de acreedora e interesada en la adquisición, fundamentó su reclamo en el artículo 204 de la Ley de Concursos y Quiebras.
Dicha normativa establece que la liquidación en forma de unidad económica debe constituir la primera opción legal para resguardar la continuidad de la empresa, relegando la división por lotes a una alternativa subsidiaria debidamente justificada. En la misma línea de interés sobre el patrimonio lácteo figuran las empresas Savencia, Adecoagro, Punta del Agua, Elcor y La Tarantela.
Mientras la Cámara de Apelaciones analiza los recursos de nulidad, el cronograma comercial permanecerá inactivo sin que esto signifique un pronunciamiento definitivo sobre el fondo de las valuaciones. Los camaristas destacaron que la medida cautelar busca evitar consecuencias irreversibles en un proceso de trascendental importancia para el mercado agroindustrial santafesino.
Por último, el escenario de parálisis legal coincide con un proceso de reestructuración interna que redujo la planta de personal. Recientemente se desvincularon 736 operarios de los 914 que registraba la cooperativa al declararse la quiebra en abril, manteniéndose solo 178 puestos de trabajo protegidos por acuerdo gremial.
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