Durante un encuentro técnico en Olivos, el presidente Javier Milei y su equipo económico unificaron los proyectos de ley para prohibir penalmente la emisión monetaria destinada al Tesoro y bloquear el gasto público si se agota el presupuesto.
Durante un encuentro técnico en Olivos, el presidente Javier Milei y su equipo económico unificaron los proyectos de ley para prohibir penalmente la emisión monetaria destinada al Tesoro y bloquear el gasto público si se agota el presupuesto.
El presidente Javier Milei encabezó este martes una reunión en la residencia de Olivos con su equipo económico para definir el texto final de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y avanzar en un proyecto que habilitaría un “shutdown” si el gasto público supera el presupuesto aprobado.
La convocatoria —programada a las 18— contó con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el titular del BCRA, Santiago Bausili. Según el mandatario, el objetivo central es restituir el mandato único del BCRA: preservar el valor de la moneda y prohibir, con sanciones, la financiación del Tesoro mediante emisión monetaria.
La reforma propuesta apunta a revertir modificaciones introducidas en 2012 que convirtieron el mandato del BCRA en uno múltiple, incorporando objetivos como estabilidad financiera, empleo y desarrollo económico.
El Gobierno sostiene que esa ampliación facilitó la utilización del organismo para financiar al fisco y aumentó su pasivo remunerado por la emisión de títulos propios del BCRA.
Milei afirmó que la nueva norma “prohibirá explícitamente” la emisión para asistir financieramente al Tesoro y que quien la vulnere podría ser sancionado penalmente, aludiendo incluso a artículos del Código Penal relacionados con la estafa y la falsificación. El Ejecutivo busca además dotar de mayor autonomía institucional al BCRA, estableciendo plazos fijos para los titulares y la exigencia de aprobación senatorial.
El esquema de adelantos transitorios —herramienta que permite al Central girar fondos al Tesoro— es uno de los focos centrales. La reforma supone volver a límites más restrictivos que los fijados tras la reforma de 2012, cuando se ampliaron topes y usos de esos adelantos.
Paralelamente, el Gobierno trabaja en un proyecto inspirado en los cierres parciales de la administración en Estados Unidos: si el presupuesto se agota, la Administración no podría continuar gastando y algunas actividades estatales quedarían suspendidas.
Milei definió la iniciativa como un mecanismo de disciplina fiscal que se tramitaría por ley y que formaría parte de un paquete de reformas que incluye cambios en mercados de capitales, seguros e Inocencia Fiscal II.
En Estados Unidos, los “shutdown” se producen por la falta de aprobación de leyes de gasto y han llevado a suspensiones de servicios, recortes en asistencia y demoras salariales para empleados federales.
El Gobierno argentino no brindó detalles sobre cómo se aplicarían cortes sectorizados, qué servicios serían priorizados ni cómo se mitigarían los impactos sociales y económicos.
El Ejecutivo proyecta avanzar con la reforma antes de septiembre de 2026, en sintonía con pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre reglas fiscales y autonomía del Central.
Hasta ahora, la iniciativa de penalizar la emisión ya fue planteada en proyectos previos que no prosperaron en el Congreso, por lo que su avance dependerá del consenso legislativo y del diseño técnico final.
Las medidas anunciadas proponen cambios profundos en el marco monetario y fiscal que requieren definiciones técnicas y acuerdos políticos; resta por conocer los detalles operativos y las salvaguardas para evitar efectos adversos sobre servicios públicos y estabilidad financiera.
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