El organismo fiscalizador avanzó con modificaciones automáticas basadas en cobros electrónicos. La polémica por las transferencias personales y los pasos para frenar la medida.
El organismo fiscalizador avanzó con modificaciones automáticas basadas en cobros electrónicos. La polémica por las transferencias personales y los pasos para frenar la medida.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) encendió las alarmas de miles de trabajadores independientes en todo el país. El organismo, bajo la conducción de Andrés Vásquez, llevó adelante su habitual proceso semestral y notificó a más de 220.000 contribuyentes que fueron alcanzados por la recategorización de oficio.
Esta medida se ejecuta cuando el ente detecta que los parámetros declarados no coinciden con la realidad económica del usuario. Al ser reubicado en una escala superior, el monotributista queda obligado a pagar una diferencia económica, la cual surge de calcular el importe total mensual de la nueva categoría frente al monto menor que ya había sido abonado.
La masividad del procedimiento no tardó en despertar fuertes quejas entre los monotributistas. Diversos testimonios afirmaron que los controles sistémicos automatizados no lograron distinguir entre los ingresos genuinos por actividad económica y los movimientos o transferencias de índole estrictamente personal.
La comunicación oficial enviada al domicilio fiscal de los afectados explicaba el motivo del ajuste: “Producto de los controles sistémicos que efectúa el organismo, a partir de la información obrante en nuestros registros, hemos detectado que la categoría que reviste actualmente resulta inexacta, por lo que se procederá a recategotizarlo de oficio”.
Ante el descontento, desde la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno salieron a negar de forma tajante el uso de transferencias personales para modificar las categorías. Según aclararon, las fiscalizaciones se centran en “operaciones comerciales cobradas con tarjeta de crédito, débito o QR”. En ese sentido, las autoridades remarcaron que “se miran cobros, no transferencias”.
Para echar luz sobre el conflicto, el tributarista César Litvin explicó que este mecanismo “está previsto en la normativa vigente cuando hay diferencias entre lo declarado por el contribuyente y los datos que tiene ARCA”.
El especialista detalló que los fondos detectados abren una instancia en la que el monotributista puede presentar un descargo para demostrar que ciertas acreditaciones —como préstamos o transferencias entre cuentas propias— no están gravadas.
Sin embargo, lanzó una advertencia clave para el manejo diario de las finanzas: “Cualquier ingreso en cuenta presume ganancia, con lo cual el contribuyente debe ser muy cuidadoso y prolijo en el uso de las cuentas cuando no provengan de su actividad”.
Frente a la escalada de reclamos, ARCA habilitó una opción digital para expresar la disconformidad con la medida, disponible hasta el 16 de marzo inclusive. La reacción de los usuarios fue masiva: alrededor de 24.000 contribuyentes presentaron su apelación, logrando que el procedimiento de recategorización automática quedara temporalmente en suspenso a la espera de una nueva evaluación.
A minutos del cierre de los comicios, la asistencia a las urnas superó el 74%. El oficialismo, preocupado por la baja afluencia en sus bastiones, pidió extender el horario de votación, pero la autoridad electoral rechazó la solicitud.
José Luis Espert apeló ante la Cámara Federal de San Martín su procesamiento por presunto lavado de 200.000 dólares vinculados a Federico Machado. La presentación rechazó el fallo del juez Lino Mirabelli y exigió levantar un embargo de $1.000 millones.
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