La designación se conoció días después de una resolución clave en la investigación por la presunta criptoestafa que involucra al Presidente.
La designación se conoció días después de una resolución clave en la investigación por la presunta criptoestafa que involucra al Presidente.
El Gobierno nacional designó este miércoles a Ana María Cristina Juan como jueza federal del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, una decisión que generó repercusiones por producirse apenas días después de que su esposo, el juez Marcelo Martínez de Giorgi, apartara a las querellas de la causa $LIBRA, donde se investiga el rol del presidente Javier Milei en la promoción de la criptomoneda.
La designación quedó oficializada mediante el Decreto 589/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el Poder Ejecutivo. Cristina Juan ocupará el cargo en un juzgado creado por la Ley 27.225, con competencia sobre los partidos bonaerenses de Merlo e Ituzaingó.
Sin embargo, el tribunal aún no fue habilitado por la Corte Suprema de Justicia, un dato que volvió llamativo el nombramiento. Meses atrás, el propio Gobierno había argumentado que no podía avanzar con la designación de la jueza María Verónica Michelli —cuñada del periodista Hugo Alconada Mon— precisamente porque ese juzgado todavía no estaba en funcionamiento.
La flamante magistrada cuenta con una extensa trayectoria dentro del Poder Judicial. Es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, posee un doctorado en Derecho por la Universidad de Palermo y desarrolló casi toda su carrera en la Cámara Federal de Comodoro Py. Allí desempeñó distintos cargos hasta convertirse en secretaria letrada, función que ocupaba desde hace más de una década.
No obstante, el contexto político y judicial en el que se produjo su nombramiento concentró la atención, ya que llega pocos días después de una resolución adoptada por su esposo en una de las investigaciones más sensibles para el Gobierno.
El pasado 3 de julio, Martínez de Giorgi resolvió apartar a las querellas que representaban a los damnificados en la causa $LIBRA, la investigación que analiza la presunta estafa vinculada con la criptomoneda promocionada por Javier Milei y otros imputados.
La resolución hizo lugar a un planteo presentado por la defensa del empresario Mauricio Novelli y determinó excluir del proceso a los querellantes Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo.
La medida dejó al fiscal Eduardo Taiano como único acusador público dentro del expediente. Hasta ese momento, las querellas impulsadas por los abogados Juan Grabois y Nicolás Oszust habían presentado distintos pedidos de prueba y buscaban acelerar la investigación.
Desde distintos sectores cuestionaron la decisión por considerar que debilita el impulso de la causa, mientras que el fiscal Taiano optó por no pronunciarse sobre el planteo de falta de acción presentado por la defensa de Novelli, al sostener que se trataba de una cuestión que debía resolver el juez.
La coincidencia temporal entre ambas decisiones reavivó cuestionamientos sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y sectores de la Justicia.
Si bien no existe evidencia pública que vincule el nombramiento de Ana María Cristina Juan con las resoluciones adoptadas por Martínez de Giorgi, la proximidad entre ambos hechos alimentó críticas de la oposición y de quienes siguen de cerca el expediente por la presunta criptoestafa.
La causa $LIBRA continúa bajo investigación y busca determinar si existieron responsabilidades penales en torno a la promoción del activo digital que provocó pérdidas económicas a miles de inversores. Mientras tanto, la designación de la nueva jueza federal suma un nuevo capítulo a un expediente que continúa generando tensión política y judicial.
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