El Gobierno respaldó en datos de redes sociales la acusación contra Brasil

El vocero presidencial Adrián Ravier admitió que las acusaciones sobre una supuesta campaña antiargentina financiada por Brasil se basaron en versiones de redes sociales. La tensión diplomática provocó el retiro indefinido del embajador brasileño de Buenos Aires.

Adrián Ravier. Foto: NA.

Durante una rueda de prensa en el centro de gobierno, el representante del Gabinete nacional, Adrián Ravier, fue interrogado sobre el sustento de las imputaciones vertidas por la primera magistratura respecto de una supuesta inyección de fondos extranjeros para desprestigiar al país. El vocero admitió que los señalamientos iniciales surgieron a partir de versiones circulantes en entornos virtuales y sugirió que existe una marcada animadversión dirigida hacia la figura del jefe de Estado y su modelo ideológico, comprometiéndose a aportar respaldos documentales en una instancia posterior.

La requisitoria periodística remarcó la gravedad de atribuir financiamiento directo a administraciones de la región e instituciones internacionales sin presentar elementos probatorios o informes de inteligencia. Desde la vocería evitaron precisar datos concretos, limitándose a encuadrar el conflicto dentro de un clima generalizado de tensión política internacional.

La controversia se originó a partir de declaraciones televisivas donde el mandatario argentino afirmó la existencia de una red articulada con aportes económicos y participación de referentes digitales impulsada desde Brasilia, Madrid, Ciudad de México y sectores del arco político norteamericano. Estos dichos agravaron un escenario ya convulsionado por la intervención del presidente argentino en un mitin partidario en territorio brasileño, donde vertió duras descalificaciones contra la figura de Lula da Silva.

Como respuesta a la escalada verbal, la cancillería del país vecino decidió retirar de forma indefinida a su máximo representante en Buenos Aires, degradando el nivel de las relaciones bilaterales a la categoría de encargado de negocios. Frente a la protesta formal enviada desde el Palacio de Itamaraty, la administración local calificó la decisión de arbitraria, argumentando que las discrepancias de índole dogmática no deberían alterar los canales institucionales tradicionales.

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