Meta enfrenta en California un histórico juicio multimillonario acusada por varios estados de diseñar Instagram y Facebook de forma adictiva, perjudicando la salud mental de los jóvenes y recopilando datos de menores sin la debida autorización parental.
El conglomerado de tecnología cofundado por Mark Zuckerberg enfrenta el proceso judicial más determinante de su historia corporativa ante las cortes federales de Oakland. Distintas administraciones estatales iniciaron acciones legales reclamando resarcimientos financieros que rozan el valor de mercado total del grupo empresarial, exigiendo modificaciones sustanciales en los algoritmos operativos de Instagram y Facebook por su presunta contribución al deterioro del bienestar psicológico en la población infanto-juvenil.
La acusación sostiene que la multinacional implementó voluntariamente mecanismos diseñados para captar y prolongar la permanencia de menores en sus sistemas interactivos para maximizar los rendimientos publicitarios. Entre las irregularidades señaladas destacan la recopilación de datos de usuarios de corta edad sin autorización de sus tutores y la implementación de funciones como el desplazamiento continuo, los sistemas de recomendación compulsivos y filtros estéticos asociados a trastornos de la imagen corporal.
Desde la representación oficial del gigante digital rechazaron de plano las imputaciones, argumentando que han desarrollado herramientas de contención y filtros de seguridad en consulta con especialistas del sector. No obstante, la estrategia procesal de la compañía afronta serios cuestionamientos tras recientes reveses en otros distritos del país, donde jurados estatales impusieron severas sanciones pecuniarias tras comprobar fallos en la contención de contenidos inapropiados y la inducción al uso compulsivo en plataformas digitales.
El avance de este litigio unificado coincide con una etapa de incremento en los costos operativos vinculados al ámbito legal para la corporación. A pesar de sostener métricas de facturación elevadas, el impacto de las provisiones judiciales ya se refleja en los balances contables de la firma, mientras los fiscales promotores de la causa aseguran contar con evidencias suficientes para demostrar que los directivos priorizaron el rendimiento financiero sobre los riesgos informados por sus propios equipos de investigación.
Miles de mujeres y disidencias llegan este sábado a Córdoba para el 39° Encuentro Plurinacional. La organización quedó atravesada por el femicidio de Agostina, una adolescente de 14 años, y pone en la mira a una Justicia que, denuncian, llega tarde o nunca llega.
Comunidades wichí y ambientalistas denuncian la destrucción del monte nativo, en medio del impulso de una reforma legal gubernamental que facilitará aún más la deforestación.
El candidato de Ahora Nación ganó por estrecho margen en este distrito de Huánuco. Su caso refleja un curioso fenómeno demográfico: en Perú más de 3.900 personas están registradas oficialmente con el nombre del líder nazi.
Legisladores nacionales de Unión por la Patria enviaron una carta formal a los presidentes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay solicitando medidas concretas para impedir que la infraestructura de dichos países facilite la exploración y explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
Mientras el músico continúa internado en una clínica psiquiátrica, sus abogados cuestionaron el informe oficial que lo declara apto para ser juzgado. Los jueces deberán resolver si el proceso sigue adelante.
Pensando en la semifinal de la Sudamericana frente a Vasco da Gama, Arruabarrena rotará el equipo este viernes en Córdoba. Leandro Paredes iría al banco y vuelve Álvaro Montero al arco.
Lo hizo en el marco de una causa ambiental vinculada con CECIM. La decisión fue firmada por los ministros Rosatti y Lorenzetti, junto con los conjueces Barroetaveña y Pérez Curci. Rosenkrantz firmó en disidencia.
El Supremo Tribunal de Brasil ordenó la detención de Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial Flavio Bolsonaro, a semanas del balotaje contra Lula. Radicado en EE. UU., fue condenado a cuatro años por presionar por sanciones contra su país.
