Censura en el INTA: buscan echar a una científica por revelar el impacto de los agrotóxicos

La carrera de dos décadas de una de las investigadoras más destacadas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Conicet pende de un hilo a raíz de un proceso administrativo que amenaza con despojarla de su identidad científica. Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma con sede en la Estación Experimental Balcarce, enfrenta un sumario interno que busca aplicarle la máxima sanción prevista para un empleado público nacional: la exoneración. Esta medida no solo implicaría la pérdida de su cargo actual, sino también la prohibición absoluta de volver a ingresar a cualquier organismo del Estado.

El trasfondo de esta persecución administrativa está íntimamente ligado a la labor científica de Aparicio. Durante los últimos veinte años, su trabajo se centró en el cuidado de los recursos naturales, analizando meticulosamente los efectos y la distribución de los plaguicidas en el suelo, el agua, la flora, la fauna y los seres humanos. Sin embargo, el punto de quiebre en su relación con las autoridades institucionales se produjo a partir de su designación como coordinadora argentina del Proyecto SPRINT, una ambiciosa iniciativa global financiada por el programa europeo Horizon 2020.

Este proyecto internacional, que comenzó formalmente a finales de 2020 y tenía previsto extenderse hasta 2026, involucró a once países con el objetivo de evaluar los impactos reales de los productos fitosanitarios sobre la salud integral. La Argentina fue el único país sudamericano invitado a participar, lo que representaba un hito para la ciencia local. El estudio no buscaba analizar los efectos agudos de una intoxicación masiva, sino comprender los caminos y las consecuencias de la exposición crónica a pequeñas dosis de químicos a lo largo del tiempo. Para ello, se rastreó el comportamiento de más de doscientos plaguicidas en diversas matrices ambientales, animales y biológicas, incluyendo sangre y materia fecal humana.

En el territorio nacional, el monitoreo abarcó a más de setenta voluntarios provenientes de entornos urbanos, pequeñas localidades y establecimientos agropecuarios, abarcando tanto a productores convencionales como agroecológicos. El propósito final de la investigación era utilizar la evidencia científica para trabajar de manera conjunta con el sector productivo, reduciendo la exposición a insumos tóxicos y diagramando una transición hacia prácticas agrícolas verdaderamente sostenibles.

No obstante, el conflicto institucional estalló en el momento exacto en que los primeros datos de las muestras comenzaron a procesarse y a estar disponibles. Según la defensa de la investigadora, las tensiones internas y las presiones de los sectores agropecuarios convencionales derivaron en un bloqueo sistemático de la información. En el año 2023, el INTA prohibió terminantemente la difusión de las mediciones y canceló de manera abrupta una reunión programada para devolverles los resultados médicos y ambientales a los voluntarios que habían prestado su cuerpo y sus tierras para el estudio.

La escalada de censura institucional se profundizó a fines de ese mismo año, cuando el organismo decidió retirarse oficialmente del consorcio internacional SPRINT. El temor a que los resultados científicos fueran utilizados para cuestionar el modelo de agricultura convencional fue el motor principal de esta retirada. Finalmente, con la llegada de la nueva mesa directiva designada por el gobierno de Javier Milei —con fuerte presencia de representantes del sector agroindustrial—, se activó la maquinaria administrativa para apartar definitivamente a la científica.

A fines del año pasado se iniciaron las consultas internas sobre el rol de la agrónoma en el proyecto europeo, y a comienzos del año en curso fue citada a declarar. El expediente sumarial que pesa sobre ella incluye ocho imputaciones, entre las cuales se destaca una insólita acusación por un supuesto perjuicio material grave contra la administración pública. La defensa legal de la investigadora rechaza de plano esta incriminación, argumentando que la totalidad del financiamiento de la investigación provino de fondos europeos y no del tesoro nacional. Además, advierten sobre la asimetría en el trato institucional, ya que otras personas involucradas en el mismo proyecto recibieron propuestas de sanciones administrativas notablemente más leves.

El clima de hostilidad ha transformado el entorno laboral de la investigadora. El aislamiento en los pasillos de la Estación Experimental Balcarce es palpable, producto del temor generalizado entre sus colegas a sufrir represalias similares si demuestran apoyo a una profesional que hoy está en la mira de las autoridades. Ante este escenario, el gremio APINTA salió en su respaldo, exigiendo garantías para el libre ejercicio de la investigación y lanzando una campaña nacional de recolección de firmas para frenar la exoneración. La defensa ya anticipó que, de concretarse la expulsión, el caso será judicializado en el fuero contencioso administrativo federal.

La gravedad de este proceso excede la situación laboral de una profesional intachable. La persecución contra quien coordinó un proyecto científico institucionalmente aprobado expone la vulnerabilidad de los investigadores públicos cuando sus hallazgos incomodan a los poderes económicos. El interrogante que hoy atraviesa a la comunidad científica nacional es qué nivel de transparencia y autonomía le queda al Estado para estudiar problemáticas sanitarias y ambientales sin que sus profesionales terminen sentados en el banquillo de los acusados por el simple hecho de hacer su trabajo.