La medida apunta a continuar con el proceso privatizador dispuesto en la Ley Bases.
La medida apunta a continuar con el proceso privatizador dispuesto en la Ley Bases.
El Gobierno nacional autorizó la segunda etapa del proceso de privatización de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) y llamó a licitación pública para transferir sus acciones en tres centrales termoeléctricas.
La medida, formalizada este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 1107/2026, contempla la venta total del paquete accionario en manos del Estado en tres importantes sociedades generadoras de energía eléctrica a través de licitaciones públicas de alcance nacional e internacional.
La norma se dicta en el marco de la declaración de ENARSA como empresa sujeta a privatización fijada por la Ley de Bases, en combinación con la Ley de Reforma del Estado y los Decretos Reglamentarios 695/2024 y 286/2025.
La venta de activos abarca la participación accionaria estatal que administraba la empresa pública en tres fideicomisos de generación eléctrica creados en la última década:
El capital social restante en estas compañías continúa en poder de las empresas generadoras privadas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que integraron originariamente el Fondo FONINVEMEM.
La normativa establece expresamente que el esquema licitatorio no incluirá un Programa de Propiedad Participada (PPP) ni otorgará preferencias. Sin embargo, se dispone que los pliegos deberán respetar y resguardar los derechos de preferencia que posean los socios privados en los estatutos sociales de cada una de las tres compañías.
El Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación del proceso, en conjunto con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” para la confección de pliegos y ejecución de los llamados públicos.
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Patricia Bullrich se queja de que el Gobierno no la consulta sobre la reforma política, aunque después es ella quien tiene que defenderla en el Senado. Mira 2027, pero cree que romper hoy con Milei le puede costar caro.
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La medida apunta a continuar con el proceso privatizador dispuesto en la Ley Bases.
