El fiscal Gerardo Pollicita amplió hasta 1998 la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni y pidió verificar las ocho billeteras de bitcoin con las que el exjefe de Gabinete explica su patrimonio.
El fiscal Gerardo Pollicita amplió hasta 1998 la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni y pidió verificar las ocho billeteras de bitcoin con las que el exjefe de Gabinete explica su patrimonio.
El fiscal federal Gerardo Pollicita amplió el período de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni. Ahora pidió reconstruir los ingresos y el patrimonio de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde que cada uno cumplió la mayoría de edad: 1998, en el caso de él. Hasta ahora, la causa analizaba lo ocurrido desde 2012.
Además, el fiscal pidió verificar las billeteras de bitcoin con las que Adorni explica su patrimonio. Según su versión, antes de llegar a la función pública operó con ocho direcciones de bitcoin entre octubre de 2014 y septiembre de 2018, y la venta de esas criptomonedas le dejó US$591.544,61. Con ese dinero justificó los dólares en efectivo que declaró como “venta de activos” en su declaración jurada inicial de 2023, que después rectificó.
La semana pasada, a través de su abogado, Matías Ledesma, Adorni presentó un escrito para responder al pedido del fiscal de que justificara su patrimonio. Allí sostuvo que el dinero con el que compró los bitcoins a partir de 2014 venía de un ahorro familiar, reunido durante años con el trabajo profesional de los dos.
Para comprobar esa explicación, Pollicita decidió revisar los 14 años anteriores a lo que ya investigaba, entre 1998 y 2011.
Le pidió a la Anses la historia laboral completa de los dos, con aportes, sueldos, empleadores y actividades como autónomos o monotributistas. A los registros de la propiedad porteño y bonaerense les pidió todos los inmuebles que tuvieron a su nombre, y al registro automotor, los vehículos. También consultó a la Inspección General de Justicia y a su par bonaerense si integraron sociedades o fundaciones, y a los consejos de Ciencias Económicas si estuvieron matriculados.
Además, le pidió al juez federal Ariel Lijo que amplíe el levantamiento del secreto fiscal a ese período. Si lo autoriza, ARCA deberá informar sus declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales y si adhirieron a blanqueos o moratorias.
El fiscal también quiere saber todas las compras de dólares que intentaron hacer entre 2011 y 2015, durante el cepo cambiario: las que fueron aprobadas, las rechazadas y el destino que declararon.
Según la defensa, Adorni firmó las ocho direcciones ante el escribano Flavio Murruni y le entregó a su abogado, en un sobre cerrado y lacrado, las claves privadas, que solo pueden abrirse por orden judicial.
Pollicita citó a Ledesma a la fiscalía con un perito de parte, el sobre y una computadora. Allí, el perito deberá entrar a las billeteras con programas como Sparrow o Electrum y firmar en cada dirección un mensaje que la fiscalía le va a dar en ese mismo momento. Después, técnicos de la Policía Federal van a hacer una verificación criptográfica de cada firma.
Ese mecanismo sirve para demostrar que quien firma controla esas direcciones, sin tener que revelar las claves. El procedimiento será grabado y las claves van a quedar solo en manos de la defensa. Para evitar cuestionamientos, el fiscal le pidió al juez que autorice la medida. Si la aprueba, se fijará fecha con la defensa.
El enriquecimiento ilícito es el delito que comete un funcionario público cuando no puede justificar un aumento importante de su patrimonio. Adorni no fue condenado: la causa está en etapa de investigación, y estas medidas buscan establecer si su explicación se sostiene.
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