Tras el fallo del máximo tribunal que habilita la venta ilimitada de tierras a extranjeros, dirigentes del peronismo, el socialismo y la izquierda repudiaron la medida. Exigen que la Cámara de Diputados rechace definitivamente el DNU presidencial y llaman a defender la soberanía en las calles.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la derogación de la Ley de Tierras Rurales desató una ola de críticas por parte de dirigentes de Unión por la Patria (UxP), el Partido Socialista y el Frente de Izquierda (FIT). Los distintos espacios opositores instaron a la Cámara de Diputados a rechazar el DNU 70/2023 de manera definitiva y llamaron a retomar las movilizaciones en las calles.
El máximo tribunal hizo lugar a un recurso extraordinario del Estado y revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, que había frenado la derogación de la normativa. Los magistrados argumentaron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata no acreditó la legitimación necesaria para impulsar la acción colectiva. Con esta resolución, vuelve a tener plena vigencia la eliminación de las restricciones para la venta de terrenos rurales a personas físicas o jurídicas extranjeras estipulada en el decreto presidencial.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tildó la medida como “el fallo de la infamia”. A través de sus redes sociales, acusó al Gobierno nacional de intentar conseguir por la vía judicial “lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo”, y advirtió que la decisión “afecta la soberanía nacional”.
Desde el ámbito jurídico, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó que, a partir de este fallo, el país “no cuenta con una ley que proteja las tierras rurales frente a la extranjerización”. Además de calificar la sentencia de “dogmática y arbitraria”, cuestionó duramente que la Corte le negara representación colectiva al CECIM: “¿Quién más va a estar con legitimación procesal que un centro de excombatientes de Malvinas, que tiene dentro de su objeto social la defensa de la integridad territorial?”.
Presión legislativa y llamado a las calles
En el Congreso, los legisladores de UxP apuntaron a completar el trámite legislativo para anular el decreto, que ya cuenta con el rechazo del Senado. El senador Mariano Recalde pidió frenar “la venta del país” y convocó a manifestarse: “Si no alcanzó con una enorme movilización, vamos a tener que hacer dos. Es ahora, en el Congreso y en las calles”.
Por su parte, el jefe de la bancada peronista en Diputados, Germán Martínez, marcó como objetivo central “pueblo en las calles y rechazo pleno del DNU 70”. A este reclamo se sumaron las diputadas Julia Strada y Victoria Tolosa Paz, quien criticó que “tres jueces decidan por todo un país” luego de semanas de debate. La ex secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, también exigió a los diputados que “se muevan” para frenar la medida.
El reclamo para llevar el debate al recinto encontró eco en otros bloques opositores. El diputado socialista Esteban Paulón remarcó que la responsabilidad ahora está en la Cámara baja e hizo un llamamiento a sus pares para convocar de manera urgente a una sesión especial.
En la misma sintonía, la referente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, reiteró la disposición de su espacio para facilitar las diez firmas necesarias para habilitar el debate en la Cámara de Diputados. “Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién”, desafió la legisladora, exigiendo la anulación definitiva del decreto.
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