La diputada provincial y actual intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, quedó en el centro de la polémica en las redes sociales tras participar de la última sesión de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. El motivo de las críticas no fue su labor legislativa, sino su indumentaria: al momento de ser designada para izar la bandera en el recinto, vistió un pantalón deportivo Adidas azul y amarillo, colores históricamente asociados a Boca Juniors.
Tras la viralización de las imágenes y la ola de comentarios negativos, la dirigente peronista decidió recoger el guante este miércoles y publicó un contundente descargo. Mendoza defendió su identidad política y deportiva, pero rápidamente giró el eje de la discusión hacia el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que validó la posibilidad de vender tierras rurales a extranjeros sin límites.
“¿La Corte habilita la extranjerización de nuestras tierras y la noticia termina siendo la ropa que uso?”, planteó la legisladora en su mensaje, evidenciando su molestia por el enfoque del debate público. Sobre las críticas a su vestimenta, fue tajante: “Uso Adidas desde joven. Soy de Boca. ¿Cuál es el delito?”.
Además, la diputada denunció que los cuestionamientos excedieron la simple crítica estética y se transformaron en agresiones discriminatorias. “Creen que diciéndome ‘negra’ o ‘kuka’ me ofenden”, señaló Mendoza, pidiendo elevar el nivel de la discusión política. “La ropa se cambia. Los derechos, la democracia y la soberanía, si los dejamos avanzar, después cuesta muchísimo recuperarlos”, advirtió.
El dardo a la Justicia por la Ley de Tierras
La polémica por el atuendo deportivo coincidió temporalmente con una decisión clave del máximo tribunal del país. La Corte Suprema revocó una decisión de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del mega DNU 70/2023, el cual derogaba la Ley de Tierras Rurales (26.737). Esta normativa, sancionada en 2011, establecía límites y estrictos mecanismos de control sobre la adquisición y tenencia de tierras argentinas por parte de capitales extranjeros.
Los magistrados de la Corte dejaron sin efecto la medida cautelar al considerar que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) carecía de “legitimación” para promover la demanda, dejando nuevamente vigente la derogación impuesta por el gobierno de Javier Milei.
Ante este panorama, Mendoza exigió que la agenda pública se concentre en las consecuencias institucionales y económicas de estas medidas. “Mientras discutimos la ropa de una persona, podemos estar dejando pasar debates muchísimo más importantes. Prefiero que discutamos qué hacen, qué deciden y a quiénes benefician las decisiones de quienes tienen mayores responsabilidades en nuestro país”, concluyó la dirigente peronista.