El presidente Nayib Bukele anunció que evalúa conceder la libertad condicional a cerca de la mitad de los 92.000 detenidos en El Salvador. Una comisión especial revisa los casos de quienes tuvieron un rol mínimo en las pandillas.
El presidente Nayib Bukele anunció que evalúa conceder la libertad condicional a cerca de la mitad de los 92.000 detenidos en El Salvador. Una comisión especial revisa los casos de quienes tuvieron un rol mínimo en las pandillas.
En un llamativo viraje dentro de su estricta política de seguridad, el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, abrió la puerta a la liberación anticipada de un gran número de reclusos. La medida, según explicó el propio jefe de Estado tras mantener un diálogo con el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, podría alcanzar a cerca del 50% de las 92 mil personas apresadas durante los más de cuatro años que lleva vigente el régimen de excepción. De acuerdo con el planteo oficial, se busca analizar situaciones donde la colaboración con las estructuras criminales haya sido mínima o secundaria.
Para llevar adelante este proceso, el gobierno salvadoreño puso en marcha un mecanismo paralelo a la justicia ordinaria. Esta comisión especial opera por fuera del circuito tradicional de tribunales y la Fiscalía General, reuniendo a funcionarios del Poder Ejecutivo, representantes judiciales y referentes del entorno presidencial. El grupo de trabajo se encarga de revisar los expedientes de forma individual, buscando determinar quiénes podrían acceder a una salida condicional sin que ello implique descuidar el control territorial y los niveles de seguridad alcanzados.
La confirmación de este esquema contrasta con la postura intransigente que la administración mantuvo en años anteriores, cuando se afirmaba que la totalidad de los capturados eran pandilleros sin posibilidad de reincorporación social. La decisión llega además en un contexto marcado por múltiples denuncias de entidades defensoras de derechos humanos, las cuales vienen alertando sobre arrestos arbitrarios, irregularidades en los juicios colectivos y centenas de decesos ocurridos bajo la custodia del Estado.
Pese al anuncio de estas evaluaciones, la vigencia del régimen de excepción no se detendrá y las fuerzas de seguridad continuarán con los operativos diarios en los barrios. El Ejecutivo argumentó que, si bien la violencia criminal se encuentra en mínimos históricos, la guardia sigue en alto para evitar el resurgimiento de las maras, por lo que cada eventual liberación dependerá de los informes de riesgo elaborados por este nuevo organismo.
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