Ahora: Empezó la sesión en diputados, se tratarán 7 proyectos y un debate que duraría hasta la madrugada

Con un quórum ajustado de 132 legisladores, la Cámara Baja dio inicio a un debate que superará las 16 horas. El oficialismo, los bloques aliados y el peronismo buscan un acuerdo de último momento sobre las pensiones y los nomencladores.

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El Gobierno nacional afronta este miércoles una nueva y crucial prueba de fuego en el Congreso de la Nación. Pasado el mediodía, la Cámara de Diputados dio inicio a una maratónica sesión especial que promete extenderse por más de 16 horas, con una agenda cruzada por temas de altísima sensibilidad social y política. Tras momentos de profundo suspenso y un intenso recuento de voluntades en los despachos, el oficialismo logró reunir el piso mínimo para habilitar el debate parlamentario: con 132 legisladores sentados en sus bancas, se alcanzó el quórum reglamentario. Este número ajustado fue posible gracias al aporte fundamental de los bloques de La Libertad Avanza (LLA), el PRO y los representantes legislativos que responden directamente a los gobernadores provinciales aliados de la Casa Rosada.

El principal foco de atención del recinto está puesto en la nueva Ley de Discapacidad, un proyecto que hasta hace escasas horas parecía destinado a un inminente empantanamiento legislativo. Sin embargo, minutos antes de que el presidente del cuerpo hiciera sonar la chicharra para convocar a los diputados al hemicicplo, se abrió un canal de diálogo inesperado que cambió el mapa de la sesión. Según la información anticipada por los periodistas Maru Duffard y Federico Mayol, se gestó una negociación contrarreloj entre la cúpula oficialista, los bloques dialoguistas y los referentes del peronismo con el firme objetivo de aprobar el proyecto mediante un amplio consenso generalizado.

El núcleo de este potencial acuerdo histórico radica en una serie de modificaciones específicas solicitadas por los bloques aliados. En estos momentos, la bancada opositora se encuentra analizando minuciosamente una contrapropuesta que, según trascendió desde los pasillos del Palacio Legislativo, ya contaría con el indispensable aval del Poder Ejecutivo Nacional. Las autoridades de la Casa Rosada habrían dado luz verde para aceptar cambios clave en los artículos referidos al esquema de las pensiones por discapacidad y la actualización arancelaria de los nomencladores. Estos dos puntos representan los reclamos más urgentes y ríspidos que venían exigiendo tanto las organizaciones de la sociedad civil como los prestadores de salud de todo el país.

Pero la esperada reforma integral al sistema de discapacidad no es el único tema espinoso de esta extensa jornada. El temario diseñado para esta sesión —una agenda que fue originalmente impulsada por la oposición, pero que el oficialismo terminó absorbiendo en una convocatoria propia para no perder la iniciativa política— incluye otros dos ejes de altísimo impacto socioeconómico: el proyecto sobre el endeudamiento familiar y las controvertidas modificaciones a la Ley de Tierras. Ambos expedientes obligarán a los alfiles legislativos del presidente Javier Milei a tejer acuerdos milimétricos en un escenario donde los votos para las aprobaciones en particular lucen extremadamente volátiles.

Esta vibrante jornada parlamentaria se inscribe en un clima de fuerte incertidumbre política, agravado por los recientes ruidos económicos. El oficialismo llega a este debate arrastrando el desgaste de una semana previa altamente turbulenta, signada por el nerviosismo que generó la disputa por los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y el fuerte embate sufrido tras las tensiones por los fondos universitarios.

A este complejo y delicado tablero de negociaciones legislativas se le suma, como mar de fondo ineludible, la latente y acalorada discusión por la posible reforma de las elecciones PASO. Con este telón de fondo de presiones cruzadas, el Gobierno libertario se prepara para afrontar otra extensa madrugada de debate, donde la capacidad de diálogo será determinante para evitar un nuevo revés institucional en la Cámara Baja.

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