Con el respaldo del peronismo y bloques provinciales, La Libertad Avanza logró aprobar en Diputados el proyecto sobre discapacidad por 237 votos a favor. La ley regulariza pagos a prestadores, fije pautas para pensiones y pasa ahora al Senado.
Con el respaldo del peronismo y bloques provinciales, La Libertad Avanza logró aprobar en Diputados el proyecto sobre discapacidad por 237 votos a favor. La ley regulariza pagos a prestadores, fije pautas para pensiones y pasa ahora al Senado.
En lo que significó un desenlace totalmente inesperado para las proyecciones parlamentarias, la bancada de La Libertad Avanza logró abrochar un acuerdo transversal altísimo en la Cámara de Diputados para darle luz verde al régimen que busca regularizar la asistencia médica, los fondos de prestaciones y la asignación de pensiones del colectivo de discapacidad. La iniciativa, que ahora deberá superar la prueba del Senado, cosechó un respaldo abrumador de doscientos treinta y siete votos positivos, contra apenas nueve rechazos puntuales —encabezados por el bloque cordobés ligado al gobernador Martín Llaryora y la bancada peronista local— y cuatro abstenciones de los sectores de izquierda.
El giro estratégico del oficialismo se plasmó tras jornadas maratónicas de rosca y concesiones, conducidas en el recinto por la diputada Laura Rodríguez Machado en articulación con la conducción de Martín Menem. Para evitar un traspié legislativo y neutralizar los reclamos de las asociaciones civiles que venían acampando y exigiendo soluciones urgentes, la conducción libertaria aceptó retocar de arriba a abajo el texto original, incorporando las sugerencias planteadas por las espadas parlamentarias de Unión por la Patria y referentes de las provincias como el misionero Oscar Herrera Ahuad.
El texto que finalmente consiguió el visto bueno de la Cámara de Diputados fija por primera vez pautas legales objetivas para acceder a las coberturas sociales, eliminando la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Entre los puntos neurálgicos, la normativa ratifica la exigencia del Certificado Único de Discapacidad, impone evaluaciones de ingresos individuales ajustadas a dos salarios mínimos y blindó el programa de empleo protegido. Asimismo, ante cualquier faltante en las partidas del Ministerio de Salud, se autorizó el uso directo de fondos del Tesoro Nacional para garantizar que ningún beneficiario pierda frente a los índices inflacionarios.
Un renglón aparte en las negociaciones se lo llevó la abultada deuda con los prestadores de salud, donde se fijó un plazo estricto de noventa días para que el Ministerio de Economía cancele los más de doscientos setenta y ocho mil millones de pesos pendientes. A su vez, el peronismo y los bloques provinciales exigieron garantías para que la actualización mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor no sea dada de baja durante el debate del presupuesto nacional, obligando al oficialismo a comprometerse públicamente a revisar los recortes previstos en la proyección de gastos del año entrante.
El éxito de la votación en el recinto no se explica únicamente por la destreza de los armadores oficialistas en los pasillos de la Cámara. Durante las horas previas al debate, la Comisión de Pastoral Social de la Iglesia Católica jugó un rol clave en la mediación entre los legisladores y los referentes de las instituciones prestadoras, transmitiendo a la Casa Rosada la imperiosa necesidad de arribar a un entendimiento antes de la llegada del Papa León XIV. Esta intervención eclesiástica aceleró los tiempos de negociación y empujó al Poder Ejecutivo a postergar sus reparos sobre el impacto fiscal para evitar un costo político mayor.
Desde las filas de la oposición, la decisión de acompañar el dictamen oficialista reformado generó intensos debates internos. Aunque referentes como Germán Martínez intentaron capitalizar el resultado argumentando que el setenta y cinco por ciento del texto recoge demandas históricas impulsadas por el peronismo, lo cierto es que la bancada opositora quedó entrampada en la disyuntiva de votar a favor de una iniciativa libertaria o darle la espalda a los reclamos del sector. Con esta media sanción en el bolsillo, la discusión por los fondos de la discapacidad traslada ahora toda la atención al recinto del Senado, donde las provincias buscarán sellar de forma definitiva la protección de estos fondos clave.
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