Para evitar un revés, La Libertad Avanza frenó el proyecto sobre morosidad en Diputados y lo devolvió a comisiones. La moción se aprobó por 121 votos con el apoyo clave de la abstención cordobesa, postergando el debate.
Para evitar un revés, La Libertad Avanza frenó el proyecto sobre morosidad en Diputados y lo devolvió a comisiones. La moción se aprobó por 121 votos con el apoyo clave de la abstención cordobesa, postergando el debate.
En un cierre de jornada marcado por la alta tensión y el cálculo político al límite, la bancada de La Libertad Avanza logró esquivar un revés parlamentario inminente en la Cámara de Diputados durante las primeras horas de la madrugada. Al constatar que no reunían los números indispensables para imponer su propio despacho sobre el manejo de la morosidad crediticia y las deudas de los hogares, los armadores libertarios activaron una moción de orden relámpago para retirar el asunto del temario activo y remitirlo nuevamente al trabajo de las comisiones, cerrando el debate sin definir una fecha precisa para su eventual reanudación en el recinto.
El salvavidas legislativo para el Poder Ejecutivo se destrabó gracias a un resultado ultra ajustado de ciento veintiún votos afirmativos contra ciento diecisiete negativos, donde resultó determinante la neutralidad estratégica del bloque cordobés alineado con la gobernación de Martín Llaryora. Las cinco abstenciones de ese espacio le dieron la luz verde indispensable al oficialismo para dar por concluida la sesión maratónica tras más de quince horas de discusiones cruzadas, desatando festejos en las bancadas libertarias y duras acusaciones de farsa por parte de la oposición parlamentaria.
Detrás de la rosca política se escondían dos visiones diametralmente opuestas para abordar el problema de las tarjetas de crédito y las deudas en las barriadas. La propuesta impulsada por el oficialismo evitaba declarar medidas de emergencia financiera y centraba su articulado en la prevención a largo plazo, incorporando módulos de capacitación digital, herramientas de control para los usuarios y la figura de la portabilidad crediticia, esquema que le permite a un cliente traspasar su saldo pendiente a otra entidad financiera que le prometa mejores tasas.
En la vereda de enfrente, el dictamen respaldado de forma coordinada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas buscaba sancionar una emergencia económica por seis meses. Este plan de alivio contemplaba topes estrictos para que las cuotas de refinanciación no superen el treinta por ciento del salario familiar, la suspensión por ley de los embargos y ejecuciones judiciales, noventa días de gracia y la eliminación completa de los intereses punitorios cobrados por bancos y financieras a los deudores en mora.
A medida que el reloj avanzaba en la madrugada y la paridad de bancas se volvía absoluta, el clima en el recinto se enrareció por completo. Desde la bancada opositora conducida por Cecilia Moreau se denunciaron llamados telefónicos permanentes de funcionarios nacionales a despachos de legisladores aliados para torcer votaciones a cambio de partidas presupuestarias. Por su parte, espadas de la Coalición Cívica tildaron de tramposa la maniobra libertaria de congelar el tratamiento sin fijar un cronograma de debate, asegurando que el Gobierno busca archivar indefinidamente la problemática del endeudamiento cotidiano.
A pesar de los reproches por el cambio de postura de los diputados mediterráneos —quienes horas antes se mostraban proclives a rechazar el texto del Gobierno—, las bancadas oficiales celebraron el levantamiento de la asamblea remarcando que el balance general de la jornada dejó un saldo altamente favorable para las metas del Ejecutivo, habiendo garantizado previamente la aprobación de iniciativas prioritarias de gestión. La discusión por el ahogo financiero de las familias entra así en un limbo parlamentario, a la espera de que el oficialismo decida si reabre o no los dictámenes en las comisiones técnicas.
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