El Gobierno nacional adjudicó el 90% de las acciones de AySA por u$s340 millones al consorcio liderado por Rowing y Transclor. La operación, enmarcada en la Ley Bases, deberá firmarse antes del 13 de noviembre.
El Gobierno nacional adjudicó el 90% de las acciones de AySA por u$s340 millones al consorcio liderado por Rowing y Transclor. La operación, enmarcada en la Ley Bases, deberá firmarse antes del 13 de noviembre.
En un paso decisivo para el plan de reformas estructurales y desvinculación estatal impulsado por el Gobierno nacional, el Ministerio de Economía oficializó el traspaso del operador de servicios sanitarios más grande del país. La adjudicación de la licitación pública, ratificada mediante la publicación de la Resolución 1818/2026 en el Boletín Oficial bajo la rúbrica del ministro Luis Caputo, selló la transferencia del noventa por ciento del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos al consorcio privado conformado por Rowing, Arcos Saneamento, PHX Aqua y Transclor. La operación se concretó por una suma exacta de trescientos cuarenta millones doscientos mil dólares estadounidenses.
La transacción marca el hito más significativo dentro del paquete de reformas patrimoniales habilitadas a partir de la sanción de la Ley Bases y los decretos reglamentarios posteriores. De acuerdo a los términos fijados por las autoridades administrativas, el grupo comprador tendrá tiempo hasta el próximo 13 de noviembre para la firma definitiva del contrato de compraventa de acciones, momento en el que la Tesorería General de la Nación deberá recepcionar la totalidad del monto pactado en las cuentas fiscales para completar la toma de control operativo de la red de agua potable y cloacas.
El proceso licitatorio de etapa múltiple concluyó luego de una exhaustiva evaluación financiera donde la oferta del grupo liderado por Rowing y Transclor superó holgadamente al segundo consorcio competidor integrado por Benito Roggio e Hijos, Central Buen Ayre, Hidrosan Capital, Aguas del Plata y Roggio Roas, cuya cotización económica había alcanzado los doscientos ochenta y cinco millones de dólares. Según los informes elaborados por la comisión evaluadora especial, los valores propuestos por la firma ganadora se encuadran dentro de los rangos de razonabilidad y mercado estimatorios elevados en la tasación previa confeccionada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Dentro de la letra chica de la normativa oficializada, la resolución ministerial incluyó la corrección de un detalle formal respecto a la tipología de los activos transferidos. La transacción comprende de manera precisa ciento treinta y cinco mil acciones ordinarias Clase A, nominativas y escriturales, de valor nominal de mil pesos por título con derecho a un voto por unidad, las cuales representan el noventa por ciento del capital social total de la compañía y garantizan el dominio del directorio por parte del operador privado entrante.
El camino hacia la privatización total de la distribuidora sanitaria comenzó a gestarse formalmente a mediados de 2025, cuando el Poder Ejecutivo autorizó el inicio del proceso licitatorio estableciendo inicialmente un piso de participación del cincuenta y uno por ciento para un operador del sector, previendo volcar el sobrante bursátil a la cotización pública. No obstante, la estrategia del Palacio de Hacienda viró a comienzos del corriente año con la convocatoria a un concurso abierto sin precio base, orientada a otorgar la totalidad de la participación estatal a un solo actor corporativo capaz de asumir los compromisos de inversión e infraestructura en el área metropolitana.
Tras la apertura de los sobres técnicos concretada a mediados de septiembre y la preselección de los dos grupos interesados a comienzos de octubre, las ofertas de compra finales se abrieron en el portal oficial de compras del Estado. Con la ausencia de impugnaciones o recursos administrativos por parte de los competidores durante los plazos legales, la administración libertaria avanza en el cierre del traspaso, depositando en manos privadas la gestión operativa, la cobranza de las tarifas y el mantenimiento del servicio de agua y alcantarillado a millones de usuarios.
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