Tres salvadoreños deportados de EE.UU. desaparecieron en El Salvador tras ser entregados al régimen de Bukele. Sus familias no tienen información y denuncian los casos como “desapariciones forzadas” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Tres salvadoreños deportados de EE.UU. desaparecieron en El Salvador tras ser entregados al régimen de Bukele. Sus familias no tienen información y denuncian los casos como “desapariciones forzadas” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Una grave crisis humanitaria ha surgido de la colaboración entre Estados Unidos y El Salvador en la lucha contra el narcotráfico. Un informe de prensa revela que tres ciudadanos salvadoreños expulsados del territorio estadounidense—en vuelos que también repatriaron a cientos de venezolanos acusados de pertenecer a pandillas—han desaparecido tras ser entregados a las autoridades del régimen de Nayib Bukele. Sus familiares llevan seis meses sin saber el paradero de sus seres queridos, una situación que, según las denuncias presentadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encaja con la definición de “desaparición forzada” de las Naciones Unidas, publicado en El País.
La falta de información es total. Mientras que las autoridades estadounidenses aseguraron que los hombres fueron deportados en los vuelos programados, sus familiares en El Salvador fueron recibidos con la noticia de que sus nombres habían sido “tachados” de las listas de llegadas. Desde entonces, las familias se han estrellado contra un muro de silencio oficial. Como el abogado Kelvi Zambrano ha denunciado, todos los intentos por obtener información, incluyendo la presentación del recurso de habeas corpus, han sido infructuosos.
sLas historias de los tres hombres desaparecidos—José Osmín Santos, Brandon Sigaran y William Martínez—muestran el lado más oscuro de la política de “mano dura” contra las pandillas.
José Osmín Santos (40): su último contacto fue una llamada telefónica desde un centro de detención migratorio en Nueva York, donde alcanzó a decirle a su hermana Sulma que lo iban a “mover” a El Salvador. Tras la llegada del avión, su nombre no apareció en la lista de deportados, y a partir de ese momento, su expediente en Estados Unidos desapareció.
Brandon Sigaran (22): su caso es un símbolo de la arbitrariedad. Fue detenido por cruzar la frontera y acusado de ser pandillero. Su crimen: tener un tatuaje de un perro llamado bullet (bala, en inglés), que también era el alias de un conocido pandillero salvadoreño. Su familia gastó 25.000 dólares en abogados para intentar evitar su deportación, pero el juez desestimó las pruebas de su buen carácter. Una fuente de la Cruz Roja confirmó a la familia que Brandon estaba en el CECOT, la cárcel de máxima seguridad de Bukele, como parte de un “canje” con el Gobierno de EE. UU.
William Martínez (21): fue deportado por un delito menor (las drogas incautadas en su coche pertenecían a un amigo). Su madre, que vive en Texas, ha recibido un único rayo de esperanza de otro deportado por “error”, Kilmar Abrego García, quien le dijo que William fue transferido del CECOT a una prisión de Santa Ana y que se encuentra trabajando.
La situación de los tres hombres es un reflejo de que, a pesar de que ninguno está acusado oficialmente de pertenecer a una pandilla, el gobierno de Bukele los mantiene en prisión bajo la sospecha de ser miembros de la red criminal. La falta de un proceso judicial justo y la connivencia de los tribunales han convertido a las instancias internacionales en la “única esperanza de justicia” para las víctimas de la represión.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU ha documentado que la violencia y los abusos contra los prisioneros son una práctica sistemática en El Salvador. En este contexto, la deportación de ciudadanos por parte de Estados Unidos y su posterior desaparición en El Salvador es un recordatorio de que la política de “mano dura” contra el narcotráfico se está librando a costa de los derechos humanos.
El jefe de Gabinete expuso ante Diputados con Milei, Karina, Caputo y Pettovello en los palcos. Un diputado llevó pochoclos, Bregman increpó al Presidente y el peronismo eligió el silencio. Adorni evitó hablar de las denuncias sobre su patrimonio.
Con un incremento promedio del 5,4%, el transporte en el AMBA vuelve a actualizarse. El boleto mínimo en Ciudad costará $753, mientras que en Provincia superará los $918. El subte también sube y los peajes en horarios pico llegarán a los $6.121.
El CEO de Tesla testificó ante la justicia federal y lanzó duras críticas contra la alianza con Microsoft. Aseguró que la transición lucrativa de la empresa “saquea” los cimientos de la caridad en Estados Unidos.
El jefe de Gabinete Manuel Adorni brinda este miércoles su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados. La exposición se da en medio de una investigación judicial sobre su patrimonio. Milei llegó al Congreso en señal de respaldo.
El delantero paraguayo pidió perdón tras su expulsión ante Cruzeiro. La roja de Ostojich condicionó el partido y cortó el invicto de Boca en Brasil.
Chantal “Tati” Leclercq fue la primera en entrar al departamento de Alejandro Zalazar. Las cámaras la filmaron manipulando el celular del médico y retirándose con una desconocida que cargaba una tablet. Ahora, la Justicia la imputa por el robo de drogas en el Hospital Rivadavia.
Antes de su presentación ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete envió un informe con 2.151 respuestas. El funcionario calificó de “confidencial” parte de su patrimonio, negó contrataciones directas con el periodista Marcelo Grandio y admitió que aún no presentó la declaración jurada por su nuevo cargo.
Con la consigna de “no despedir”, el Palacio de Hacienda aplicará una poda del 2% en gastos corrientes y del 20% en capital. El desplome de la recaudación y las leyes universitarias y de discapacidad fuerzan al Gobierno a endurecer el torniquete fiscal.
